El proyecto
de ley que promueve la ‘descentralización’ de la administración pública,
actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados, tiene como objetivo crear
nuevas áreas para estimular los negocios basados en la especulación. Es un
proyecto hecho a la medida de los sectores que se han especializado en los
movimientos financieros, con pocos beneficios para la población.
La
‘descentralización’, en teoría, suena muy bien si estamos pensando en un
proceso mediante el cual la gente que vive en las instancias políticas más
pequeñas del país (municipio, junta
comunal, comunidad, vecindario) se organizan y se apropian del poder
(empoderan) para tomar las decisiones. Sin embargo, lo que propone el proyecto
es trasladar parte de las recaudaciones (el 50 por ciento) sobre los bienes
inmuebles que realiza el gobierno central (el Ministerio de Economía Finanzas –
MEF) a los municipios.
Hay 77
distritos municipales en la República. Sólo uno – el distrito capital de Panamá
– tiene ingresos que le permite armar su propio presupuesto. Los demás son
subvencionados por el gobierno central ya que no tienen ingresos suficientes
para operar en forma autónoma. La nueva ley no cambiará la situación. Los ingresos por concepto del impuesto sobre
inmuebles superan los cien millones de dólares al año. Parte importante de esta
cantidad pasará a los municipios (sobre todo al municipio capitalino) que no
tienen planes ni capacidad para darle el uso debido a los fondos. Estos montos
caerán en manos de los especuladores, desde el municipio más pequeño hasta el
más grande.
La ley
insinúa que los municipios preparen sus propios catastros para realizar los
cobros. Incluso, reviviendo la experiencia de Cobranzas del Istmo, creada por
el ex presidente Martinelli, acusada y clausurada por toda clase de
irregularidades legales, sugieren que los municipios persigan a todos los
morosos en sus impuestos a partir de 2016:
“El
impuesto de bienes inmuebles, las morosidades y recargos causados,
correspondientes a los períodos fiscales anteriores a 2015, recaudados a partir
del 1ero de enero de 2016, una vez recaudados, se asignarán íntegramente a los
municipios respectivos”.
El proyecto
de ley es una improvisación para permitir que se realicen más negocios privados
con los recursos de todos los panameños. La legislación que se propone no se
sustenta en estudios sobre la población de los distritos que conforman la
República. ¿El proyecto no se pregunta cuál es la estructura por edades de los
distritos y cuál es la dinámica de las migraciones internas? En términos
económicos, ¿cuáles son las características productivas de cada distrito? ¿Son
servicios, agropecuarias? El gobierno dice tener una ‘Estrategia de inversiones’.
¿Cómo afecta esta ‘estrategia’ a cada distrito?
Panamá no
tiene un Plan de Desarrollo Nacional como los demás países de la región (o del
mundo) gracias a la oposición de los especuladores que controlan el gobierno.
Sin embargo, un proyecto de ‘descentralización’ tiene que saber cuántos centros
educativos hay en cada distrito y corregimiento. Además, cuántos centros de
salud. Para que el proyecto pueda despegar (dudamos que lo logre por sus objetivos
ajenos a lo que promete), los diputados tienen que incorporar a la legislación
más información: comunicación terrestre y servicios urbanos en cada distrito
(agua, aseo, electricidad). También tiene que contemplar los recursos con los
cuales cuenta cada distrito en materia de justicia y policía.
El proyecto
de ley para la ‘descentralización’ contempla el supuesto mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes del país. Sin embargo, los legisladores
desconocen cuales son las condiciones en que viven los panameños. Tampoco saben
como podría un proyecto de este tipo beneficiar a las comunidades. El proyecto
pretende incrementar los ingresos por impuestos a las viviendas. No se organiza
en torno a un objetivo que beneficie a la población y tampoco tiene un plan de
trabajo. Literalmente señala que cada distrito y junta comunal harán sus
pedidos de manera espontánea. Se parece mucho a las transferencias millonarias
que hacía el MEF en el pasado reciente a cuentas bancarias de representantes de
corregimiento para que las administrara a nombre de un político corrupto.
Los fondos destinados a financiar la ‘descentralización’ deben
destinarse a ejecutar un plan nacional de educación (pública) con la
participación activa de los gobiernos locales. Hay que garantizar la
construcción, calidad y mantenimiento permanente de los establecimientos
escolares públicos y la capacitación de los educadores en cada municipio,
comunidad y vecindario.
17
de septiembre de 2015.
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