Corrupción: Pasado y futuro

Las investigaciones sobre corrupción, colusión y fraudes tienen el país en un estado de expectativa. Hay muchas evidencias que apuntan hacia los negocios ilícitos del gobierno anterior. El daño al fisco, según las informaciones que emanan del Ministerio Público, sumarían miles de millones de dólares. Se ha mencionado, por el momento, el Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Caja de Seguro Social (CSS), el aparato de Seguridad Nacional, la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios de Educación, de Salud, de Vivienda, de Trabajo y otros.

Diversos altos funcionarios son objeto de indagatorias y varios han recibido órdenes cautelares. Lo más preocupante es que hay indicios que las estructuras que permitieron las prácticas de la administración que presidiera Ricardo Martinelli (2009-2014) siguen vigentes. En el caso del PAN, a fines de 2014 se repartieron entre los diputados de la República bonos por un total de 1.5 millones de dólares (25 mil dólares cada uno). La CSS aún no pone orden en sus finanzas y se perciben fugas mediante contratos de medicina y en construcciones. El Ministerio de Educación anunció inversiones multimillonarias en proyectos de construcción que no responden a plan alguno. El Ministerio de Vivienda tiene mil millones de dólares en cartera para invertir en la ciudad de Colón.

Mientras el presidente Juan C. Varela estaba en Davos, Suiza, en Panamá, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia, fue invitado al Foro 2015, donde presentó un resumen del Plan Estratégico Quinquenal ante un selecto público representativo de la familia empresarial panameña. La reunión fue aprovechada para presentar las oportunidades de inversión en Panamá para empresarios nacionales y extranjeros. Lo que debería ser un plan de inversiones para estimular el desarrollo económico y social del país se convirtió en una ‘fiesta’ (una especie de piñata) para el sector empresarial del país.

Para hacer la situación aún peor, salió a relucir que el Plan no había sido confeccionado por el MEF o algún grupo de asesores panameños. La propuesta que el gobierno nacional ha adoptado como propio es el producto de una empresa consultora española. El futuro del país está quedando en manos de criterios extraños a la realidad y necesidades del país. ¿No existirá en Panamá el personal preparado para confeccionar un plan de inversiones?

El MEF adjudicó a Epypsa, consultora con sede en Madrid, España, “el desarrollo, ejecución y presentación del informe integral de análisis y evaluación económico y social de Panamá 2014-2019”. La descripción del trabajo la hace la misma empresa consultora. El gobierno panameño no ha informado sobre este contrato. Sólo ha dicho que aún no puede presentar la versión final, esperada según la Ley de Transparencia, a fines de diciembre de 2014.

Se supone que la empresa Epypsa presentará “la estrategia económica y social, así como los programas de inversión para el próximo quinquenio”. Panamá contempla invertir un poco más de 19 mil millones de dólares en proyectos que, aparentemente, sólo beneficiará a los empresarios del país y del extranjero.

Según la consultora, “Epypsa elaborará la estrategia económica-social y la programación financiera quinquenal. También presentará el Plan de Inversiones, la matriz anual de programación, el seguimiento y una evaluación del Plan de Inversiones Públicas 2014-2019 y la guía metodológica de preparación, discusión y validación de un Plan Estratégico de gobierno (PEG). El  Plan, según Epypsa, “evaluará Panamá a partir de un ‘Diagnóstico País’.

En otras palabras, el plan de inversiones quedó en manos de una consultora española. Epypsa en su auto-presentación asegura que siempre busca “la excelencia y, sobre todo, la generación de recursos eficaces y de gran valor añadido para nuestros clientes”. La empresa se olvida que el gobierno panameño no tiene, según la Constitución, como objetivo, la búsqueda de ‘valor añadido’. Al contrario, la carta magna señala textualmente que el deber del gobierno es velar por el bienestar de la población del país.

Hay que pedirle al gobierno que sea más responsable y que prepare un plan quinquenal de inversiones que refleje las necesidades del país. El presidente de Epypsa, Emiliano Sanz Cañada, no informó cuanto le está pagando el gobierno panameño para preparar el plan que contempla la distribución de 19 mil millones de dólares en un período de cinco años. Sabemos que el ‘plan’ no beneficiará al pueblo panameño. Incluso, muy poco le tocará a los sectores productivos del agro y de la industria.

29 de enero de 2015.

Las promesas del presidente Varela (II)

Alejándose de sus promesas hechas en la Asamblea de Diputados el 2 de enero, el presidente Juan C. Varela se trasladó a Davos, Suiza, a participar en el encuentro de los millonarios más prósperos del mundo. Sus asesores dicen que viaja a buscar ‘inversionistas’ y a invitar a ejecutivos a la VII Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá en abril. En resumen, quiere hacer negocios que beneficiarán a los mismos especuladores de siempre.

En la entrega anterior revisamos las promesas del presidente Varela sobre temas como el agua, la vivienda y la cuestión agraria. A continuación veremos sus promesas sobre la seguridad ciudadana, las cárceles y la ciudad de Colón.

La seguridad ciudadana encontró un espacio en el discurso. Sin embargo, se refirió a problemas ajenos a los que el país enfrenta en esta materia. Según Varela, “para cumplir con las metas y los objetivos trazados en materia de seguridad ciudadana (despolitizamos) los estamentos de Seguridad y hemos creado un Frente inter-agencial”. El Frente “acabaría con las pandillas criminales y combatiría las actividades del crimen organizado, con oficiales de carrera”.

Confunde lo que debería ser una política de seguridad ciudadana con la estrategia de la llamada ‘seguridad nacional’. Esta última consiste – según los asesores de EEUU – en la compra de más armamentos, el control militar de áreas geográficas cada vez más extensas e intromisión en instituciones académicas. Aseguró que el ‘Frente interagencial’ reuniría los estamentos de seguridad del aeropuerto de Tocumen, la zona libre de Colón, Aduanas y la Autoridad Marítima.

Como resultado de esta extraña ‘promesa’, no se destinarán recursos a combatir el crimen organizado. Al contrario, se fortalecerá la tasa de delincuencia, crecerá y aumentarán las pandillas juveniles controladas por los traficantes. La propuesta parece salir de un manual del Comando Sur de EEUU que promueve la ‘guerra contra las drogas’. Para complementar la política de seguridad, el presidente Varela declaró que “el Gobierno ha tomado control de las cárceles del país y se está construyendo un centro de detención de máxima seguridad para aislar a los principales jefes de las bandas criminales”. El sistema penitenciario panameño tiene una lógica que responde a los negocios y a intereses mercantiles. Igual que en otros sistemas en el norte y en el sur del hemisferio, las cárceles son negocios muy lucrativos en manos de autoridades y representantes del crimen organizado (tanto dentro como fuera de los establecimientos). La única manera de ‘tomar control’ del sistema es poner fin al lucro que representa cada cárcel.

Lograr este objetivo es difícil, pero no imposible. Se requiere voluntad política. Hay que excluir la ley del mercado de los centros penitenciarios. En el caso de las cárceles, el gobierno maneja un oligopolio. Negocia espacios y da concesiones para explotar cárceles enteras, pabellones o servicios como la cocina, la lavandería u otros.

¿Quiénes son los “los principales jefes de las bandas criminales” que recibirán un trato de máxima seguridad. Es público y notorio que los ‘jefes’ del crimen organizado manejan sus negocios desde despachos refrigerados. En las cárceles están sus ‘capataces’, encargados de supervisar el trabajo de sus sicarios, de ambos lados de los barrotes.

Otra promesa es convertir a la ciudad de Colón en un ‘Puerto Libre’. Es el sueño de los grandes especuladores y comerciantes panameños, así como extranjeros, que se remonta más de 150 años cuando se fundó la ciudad atlántica. Los gobiernos panameños jamás han podido realizar el sueño de los próceres Mariano Arosemena (1821) o José Agustín Arango (1903). La corrupción no ha permitido que la Zona Libre de Colón creada en 1947 contribuya al desarrollo de la ciudad.

La corrupción siempre ha traído prosperidad para unos pocos y pobreza para muchos. Los gobernantes panameños jamás han administrado la zona libre para que contribuya al de desarrollo de la ciudad. Cada gobernante y su corte ven Colón como una ‘vaca’ que es ordeñada y descartada. Un gobierno interesado en la gente, tendría que – para comenzar - regular los flujos de mercancías y controlar las ganancias. Segundo, establecer reglas que le garanticen a los trabajadores salarios dignos. Tercero, quizás lo más importante, tiene que acabar con la corrupción que ha convertido a Colón en una lacra, sometida al clientelismo político de quienes están en el poder.

La próxima semana seguimos analizando las ‘promesas’ del presidente Varela.

22 de enero de 2015.

Las promesas del presidente Varela

Los panameños estamos preocupados por el sendero que ha escogido el presidente Juan Carlos Varela para orientar los destinos inmediatos de la República. En su mensaje dirigido a los diputados de la Asamblea Nacional el 2 de enero, se plantearon muchas promesas y se repitieron muchas propuestas de gobiernos anteriores.
El presidente Varela puede escoger dos caminos. Por un lado, enfrentar los problemas de desarrollo integral que demanda el país. Por el otro, continuar con las políticas que subordina el país a los negocios de una pequeña elite insaciable.
Definitivamente, Varela no tiene un plan de desarrollo nacional. Tampoco propone un programa para impulsar las áreas claves que conduciría el país hacia resultados positivos. La llamada estrategia dirige sus preocupaciones a garantizar ganancias para los inversionistas. Al mismo tiempo, no se frena la corrupción. En la presente coyuntura, el plan de desarrollo tiene que aprovechar los ingresos extraordinarios producto de la exportación de servicios del Canal de Panamá, los puertos y la zona libre de Colón. Además, el crecimiento del aeropuerto internacional de Tocumen, el centro bancario y las actividades ‘conexas’. A esto hay que agregar las ventajas que representa la reducción de los precios de los derivados del petróleo (gasolina) para un país que es importador absoluto.
En su discurso, Varela hizo 16 promesas. En esta entrega mencionaremos las primeras tres. En próximas entregas analizaremos las otras. Al principio de su discurso abordó la crisis de la producción en el sector agrícola. No propuso, sin embargo, acciones que contribuyeran a recuperar sus niveles de producción. Al contrario, señaló que el gobierno había “hecho las compras de arroz (en el exterior) con transparencia”. Dijo que el gobierno bajó el precio del quintal de arroz importado de 44 dólares a 29 dólares. “El ahorro de más de 30 millones de dólares (se lo) está traspasando al productor nacional”.
Varela no entiende cual es el problema del agro. La recuperación de la agricultura representaría por lo menos 50 mil nuevos empleos. Los 30 millones de dólares que Varela dice que le traspasó a los ‘productores nacionales’ van a las cuentas bancarias de los inversionistas. Poco a poco, las políticas del gobierno convierten a los productores en especuladores.
Varela también presentó un plan reciclado para resolver el problema del agua potable y de las aguas servidas. Las propuestas para resolver estos problemas tienen varios quinquenios que quedan en meras promesas. Los recursos destinados a los proyectos caen víctimas de la corrupción. Varela prometió “seguir avanzando los trabajos del ‘anillo hidráulico’ de la ciudad de Panamá”, Según el presidente, el ‘anillo’ resolverá el problema del agua potable, “pero requerirá iniciar la ampliación de la potabilizadora de Chilibre para mantener la presión del agua en el área metropolitana”. En la actualidad, la mitad de la población del área metropolitana de Panamá no tiene acceso regular al agua potable. El déficit tiende a crecer a pesar de los enormes recursos que se destinan a resolver el problema.
En materia de vivienda, Varela dijo que no existe un plan o una propuesta para enfrentar el infierno en el cual viven 150 mil familias panameñas sin vivienda. El proyecto insignia del gobierno, para la renovación de la ciudad de Colón, ha “iniciado 22 licitaciones por un monto de más de 500 millones de dólares”. ¿El gobierno propone soluciones o buenos negocios?
Habló de un Fondo Solidario de Vivienda que le brindará un bono de 10 mil dólares a quienes tienen un empleo formal. También mencionó un “Programa: Techos de Esperanza”, que construirá más de 50 mil viviendas. La visión se sintetiza en “la
construcción de125 mil nuevas viviendas en 5 años”. Una simple operación aritmética hace que esta promesa se convierta en humo rapidamente. En cinco años, la construcción de 125 mil viviendas a un precio medio mínimo de 40 mil dólares cada una, arrojaría como inversión un total de 5 mil millones de dólares.
Se parece a la promesa de Martinelli quien “invirtió” mil millones de dólares en la reparación de calles y carreteras en el período 2009 – 2014. Se realizaron las licitaciones, se les pagó a los empresarios mil millones de dólares, sin embargo, no se vieron las reparaciones. Fue un bueno negocio para los empresarios más cercanos al ‘círculo cero’.
La próxima semana continuaremos con los análisis de las promesas del presidente Varela.
15 de enero de 2015.

El nacimiento de la Nación panameña

La vanguardia estudiantil del Instituto Nacional marchó el 9 de enero de 1964, bajo un sol radiante, por el cerro Ancón, con un solo propósito: izar la bandera panameña en el asta del Colegio Secundario de Balboa, en la Zona del Canal. La bandera era el símbolo de un querer abstracto, de un pasado amado, de los espacios compartidos con padres y hermanos, el símbolo de la Patria. ¿Pero se limitaban los estudiantes sólo a honrar la bandera? Los estudiantes eran porta-estandartes, pero también encarnaban la Patria. Eran los mensajeros de un proyecto que se impregnaba en sangre y dolor, se hacía presente en forma explosiva: Era el nacimiento – el parto - de la Nación panameña.

La juventud que avanzaba con determinación por tierras minadas por el ocupante foráneo, era la encarnación de una simbiosis, que dejaría su marca para siempre: la Patria y la Nación se abrazaban envueltas en el pabellón glorioso. Marchaban con un propósito muy claro: reivindicar la soberanía panameña. ‘Un territorio, una sola bandera’.

La burguesía nacional se reunió en torno al presidente Roberto Chiari en el Palacio de las Garzas. Junto con sus asesores claves, el Ejecutivo asumió en horas difíciles un liderazgo que pretendió levantar la bandera de la unidad nacional. “Ante la alevosa agresión que eran objeto los panameños, afirma Luis Navas, el presidente Chiari comprendió el momento histórico y se desempeñó con inteligencia y coraje. Decidió romper relaciones diplomáticas con EEUU”.

El ministro de Educación, Manuel Solís Palma, y el asesor legal de la Presidencia, Eloy Benedetti, comprendieron que el 9 de enero no era un estallido espontáneo, no era una protesta pasajera. La movilización popular era el resultado de varias generaciones acumuladas de educación y organización que envolvía a todas las clases sociales. La insurrección que se presenciaba en las calles también comprometía a la burguesía nacional. Si en ese momento daba un paso atrás, el pueblo rebasaría los perímetros históricos y avanzaría con el proyecto de Nación sobre sus propias espaldas y asumiría todas las consecuencias de sus actos.

En el seno del gobierno de Chiari, sin embargo, se encontraba otro actor importante de la epopeya. En las primeras y agitadas horas del 9 y 10 de enero, los transitistas – especuladores tradicionales - se opusieron al rompimiento de relaciones con EEUU e insistieron en la necesidad de apoyar  a las fuerzas armadas ocupantes para reprimir las manifestaciones populares que protestaban a favor de la soberanía nacional.

El otro actor central fue EEUU. La presencia semi-colonial de ese país en Panamá se partió en tres en las horas del atardecer del 9 de enero. Por un lado, la Embajada de EEUU perdió control sobre los acontecimientos que se desenvolvían rápidamente. No logró asumir el papel político que exigía la coyuntura. Por el otro, el gobierno de la llamada Zona del Canal se encontraba acéfalo y contaba con líderes políticamente ineptos. Por último, el Comando Sur de EEUU que rodeaba el Canal de Panamá con cerca de 50 mil efectivos de las cinco ramas armadas de ese país, distribuidos en 16 bases militares.

Mientras la Embajada se dedicaba a quemar papeles en su ‘bunker’ y la Policía de la Zona perseguía a estudiantes con sus toletes, salió el Ejército de EEUU con sus tanques, bazucas y armas sofisticadas para enfrentar al pueblo panameño.

El presidente Lyndon Johnson, desde Washington, le daba instrucciones a sus asesores y subalternos para poner fin a las protestas. En los documentos desclasificados por Washington, sobre la insurrección del 9 de enero en Panamá, se destacan los informes de Thomas Mann, enviado personal de Johnson, quien hablaba de una revolución en Panamá.  Trabajando en forma cercana con grupos antinacionales panameños, Johnson jugaba con la opción de intervenir militarmente para abortar un supuesto golpe de las fuerzas del opositor Arnulfo Arias combinadas con los comunistas. 

Según un informe de la CIA, también desclasificado, la hegemonía o “status quo de la élite estaba peligrando”. Además, “los comunistas y castristas, aprovechando el nacionalismo, han establecido alianzas, han crecido y sus organizaciones han mejorado”. 

Queda claro para la historia que la confusión e ignorancia que dominaban las filas de los dirigentes norteamericanos fue  la causa de la muerte de 23 jóvenes panameños en las jornadas heroicas de enero de 1964. El presidente de ese país y su equipo sólo pensaban en las próximas elecciones.

8 de enero de 2015.

“Los principios no se negocian”, dijo Castro

Hoy se celebra el 56º aniversario de la Revolución cubana. Hace dos semanas, el presidente Raúl Castro sorprendió gratamente al mundo con el anuncio de que EEUU había liberado a los antiterroristas cubanos injustamente encarcelados. Al mismo tiempo, también informó que se iniciaban conversaciones entre Washington y La Habana para reestablecer relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. En un giro muy inusual, las palabras de Raúl Castro fueron difundidas en forma simultánea con el discurso del presidente de EEUU, Barack Obama. Ambos mandatarios, enfatizaron el significado del cambio en las relaciones diplomáticas.

Para Raúl una nueva relación de La Habana con Washington debe contribuir al giro económico que el gobierno cubano está impulsando. El éxito de la nueva política económica depende de la dinámica que puede adquirir la producción de los 8 millones de trabajadores cubanos. Cuba necesita incrementar sus relaciones con el mercado mundial. Este objetivo lo está alcanzando poco a poco estableciendo acuerdos con China, Brasil, Canadá y Europa. Si suma a EEUU, puede darle un impulso significativo a la dinámica propuesta.

Para Barack Obama también hay un interés económico. Sectores importantes del capitalismo productivo así como de los servicios tienen años pidiendo una apertura. El ocupante de la Casa Blanca, sin embargo, hizo más énfasis en la cuestión política. El mandatario fue explícito al decir que EEUU tiene 50 años de fracasos tratando de destruir la Revolución cubana mediante la fuerza y las conspiraciones. Ahora, dijo, Washington intentará acabar con Cuba utilizando armas económicas. El abrazo implícito en las nuevas relaciones se convertiría en una llave estranguladora.

Obama pretende seguir controlando las relaciones con Cuba utilizando los mecanismos que le ofrece el bloqueo. El cerco que rodea a la isla llega al extremo que si un deportista cubano quiere viajar a EEUU para desempeñarse como profesional, sólo puede hacerlo si se declara un asilado político. Las autoridades cubanas le dan su pasaporte para que salga de Cuba, pero en EEUU la ley del bloqueo impide que sea contratado. Las prohibiciones, en muchos casos, pueden parecer ridículas, pero en general le han causado un daño enorme a la economía cubana.

En EEUU los empresarios ligados a las mafias incrustadas en el establishment – que incluye al gobierno de ese país - ya comenzaron a imaginarse los casinos, prostíbulos y transacciones ilícitas. Ya han dado a conocer sus planes para apropiarse de las playas, tierra e, incluso, las marcas emblemáticas de la producción cubana.

Cada paso en las futuras negociaciones entre Washington y La Habana será de enorme importancia para Cuba y su pueblo. América latina estará caminando junto con Cuba y solidarizando con su Revolución como lo ha hecho durante los últimos 56 años.

Claudio Katz sintetiza lo que significa Cuba para los latinoamericanos y los demás pueblos del mundo: “Aportó el mayor ideario de transformación social a varias generaciones. Su revolución conmovió a la juventud, convulsionó a las organizaciones políticas y sacudió a la izquierda. En la década de 1960 el castrismo rompió todos los dogmas al demostrar que un proceso socialista era posible en el continente”.

Pero el ejemplo cubano no sólo descansa sobre los logros de sus heroicos guerrilleros.  Cuba cuenta, según Katz, con niveles de democracia real superiores a cualquier plutocracia capitalista. Sus líderes no son elegidos por una elite de banqueros e industriales, ni surgen de la cosmética publicitaria que construyen los medios de comunicación. Tampoco rige el terror contra la población o la intimidación que impera en muchos de los regímenes de la región.

Katz también apunta al hecho que “Cuba es una isla sin desempleo, indigencia o pobreza masiva. Están cubiertas las necesidades básicas de la población. Todas las familias tienen acceso a la alimentación, la educación y la salud. Cuba cuenta con un excelente nivel de escolaridad. Según el Banco Mundial su sistema educativo mantiene parámetros semejantes a Finlandia, Singapur o Canadá.

El analista argentino agrega que “el índice de esperanza de vida supera en cinco años al resto del continente. Tiene el promedio más bajo de malnutrición de América Latina. Además, posee el índice de seguridad alimenticia más elevado de la región y un nivel de pobreza (4 por ciento), que contrasta con la media de América latina (35 por ciento)”. Estos logros no se negocian, dijo Raúl Castro: “Como Fidel señalara, sin renunciar a uno solo de nuestros principios”.

1º de enero de 2015.