¿En qué consiste la
lógica de la legislación introducida en la CSS en 2005? Por un lado, las cuotas
que pagan los trabajadores a la CSS para el programa IVM se dividirían en dos
fondos. Habría un programa para quienes pagan menos de B/800 que seguiría
siendo solidario. También habría un programa para quienes pagan cuotas
correspondientes a un salario de más de B/800, que sería individual. Es decir,
el asegurado recibiría al llegar a su edad de jubilación la suma de lo
acumulado durante toda su vida laboral.
Además, los que
estaban en el programa solidario en 2005 y querían seguir siendo miembros podían hacerlo. Todos los que
entraban al programa de la CSS con salarios superiores a B/800 después de 2005
estaban obligados a sumarse al plan de jubilación individual.
Por el otro, las
cuotas que pagan los trabajadores benefician a los especuladores, sin beneficio
alguno para los asegurados. Los trabajadores sólo reciben lo aportado durante
largos años de trabajo. Los fondos adicionales que generan los ahorros son
transferidos en su totalidad a los especuladores. Además, si los agentes
privados hacen malas inversiones y/o quiebran, los asegurados pierden todos sus
ahorros.
En el caso del
sistema solidario los trabajadores del presente cubren las pensiones de los
trabajadores del pasado. Se parte de un supuesto lógico en este sistema.
Siempre habrán más trabajadores y, también, estarán ganando más que los que
pertenecían al sistema en el pasado. Esta lógica se ha sostenido en todos los
sistemas de seguro social solidario.
En el caso del
sistema individual, el trabajador no cuenta con una red que lo proteja de
cualquier percance – enfermedad o accidente – que podría dejarlo abandonado a
su suerte. El valor que tiene el “seguro social” es precisamente que ofrece un
sostén. Esta es la diferencia con el seguro individual o privado que no lo
ofrece.
En el caso de
Panamá, las cuotas de los que menos cotizan no podrán cubrir las necesidades de
los que se están jubilando en los próximos 10 años. Los que más cotizan están
fuera del programa solidario y tienen sus planes individuales (que benefician
sólo a los especuladores que reciben sus cuotas).
Lo peor de la
situación es que los administradores de la CSS a partir de 2005 no conocen la
institución, su situación financiera, ni su potencial. Un empresario ligado a
la Caja confesó que “la CSS debe emitir el estado de cuenta y
entregárselo a las personas que están en el sistema, con detalles de lo
ahorrado en su cuenta personal y los intereses devengados”. Eso no se hace.
Un exdirector de la CSS afirmó que “en este momento tenemos
información imprecisa, porque los estados financieros ameritan ser depurados y
auditados”. Agregó que “el programa de IVM siempre ha tenido un futuro
incierto”. Desde hace tres años no se conoce el estado financiero de la
institución. Se hicieron inversiones en compras y edificaciones sin control por
parte de la CSS. Sin embargo, los responsables llevaban una contabilidad
minuciosa de las ganancias que arrojaban las operaciones.
Los responsables admiten de manera cándida que los
directivos sólo han pensado en hacer negocios con los fondos de la CSS. Un
miembro de la junta directiva admitió que “hay una serie de compromisos que se
deben pagar y si todo está bien sustentado, nosotros como junta directiva damos
el visto bueno”. Parece que no importa que eso signifique hundir a la
institución y todos los asegurados.
Según el actual director de la entidad, se siente obligado a
pagar 1,200 millones de dólares a varios acreedores en un plazo de cuatro años.
Para evitar la catástrofe puede suspender las obras y los pagos. Si lo obligan
a pagar, puede extender el plazo a 2050. Un expresidente de la Cámara de
Comercio dijo que “el programa no es sostenible en el tiempo”. Sólo le faltó
agregar que la única solución es derogar la Ley 51 de 2005 y regresar al
sistema de seguro social solidario.
26
de noviembre de 2015.
Fuente: La Prensa (internet), Panamá, p.8, 12
de noviembre de 2015.