La revista TAREAS: El legado de Ricaurte Soler

La revista TAREAS alcanza su publicación número 150, siempre consecuente con el pensamiento crítico y amiga de las plumas más avanzadas del país y de la región latinoamericana. Fue fundada en 1960 por el filósofo e historiador Ricaurte Soler y un grupo de jóvenes intelectuales panameños, convencidos que había llegado el momento de transformar el mundo. Los jóvenes eran militantes del Partido Socialista, admiradores de la Revolución cubana y luchadores por la soberanía. Mediante un esfuerzo titánico, Soler mantuvo viva la revista a pesar de los ataques ideológicos y el cerco económico de sus enemigos.

En 1994 el fundador de la revista falleció precozmente y dejó la publicación en manos de sus asociados en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”. Desde un principio la revista TAREAS se convirtió en una poderosa voz crítica enfrentando las crisis universitarias, la insurrección del 9 de enero de 1964, el golpe militar de 1968, la marcha de Torrijos y el pueblo panameño que culminó con el levantamiento de las estacas colonialistas y la invasión militar norteamericana de 1989. Hay quienes dicen que Soler no soportó la humillación de la invasión. Al igual que otro amigo de TAREAS, José de Jesús ‘Chuchú’ Martínez, el dolor de ver el suelo patrio mancillado por las botas foráneas les arranco la vida.

Han pasado más de 20 años y la revista sigue apareciendo en forma puntual cada cuatrimestre, tres veces al año. Mantiene su misma línea editorial de compromiso. Reúne a los autores más lúcidos con trabajos que contribuyen a esclarecer los problemas más relevantes del país. TAREAS fue concebida, además, desde un principio, como parte de un proyecto de unidad latinoamericana. Los pueblos de América latina tienen que avanzar como un solo haz para hacer realidad las transformaciones desde el río Grande hasta la Patagonia, pasando por el angosto istmo panameño.

TAREAS sigue vigilante, es un faro que ilumina la realidad nacional, denuncia a los gobiernos neoliberales y propone cambios radicales. En la actualidad, Panamá está envuelta en escándalos de toda índole que comprometen a los empresarios que asumieron las riendas gubernamentales. Las instancias públicas no fueron respetadas por el sector privado que entró como tromba a los ministerios e instituciones desarticulando las reglas y apropiándose de los bienes de todos los panameños.

En medio de las denuncias, la ciudad de Panamá fue anfitrión de la VII Cumbre de las Américas que reunió a 33 jefes de gobierno, entre los cuales se destacó el presidente Raúl Castro de Cuba. Castro se reunió con el presidente Obama para continuar el proceso de deshielo entre La Habana y Washington. También se celebró la Cumbre de los Pueblos en la Universidad de Panamá. En este número de TAREAS se incluye un artículo del suscrito, cuyo tema central gira en torno a la creciente militarización de la región, denunciado y condenado en la Cumbre de los Pueblos.

También se presentan tres artículos sobre la lucha de los pueblos indígenas en Panamá que se oponen a la política empresarial-gubernamental de despojo. Se destaca el trabajo del antropólogo, Francisco Herrera, quien hace un recuento crítico de las relaciones entre el pueblo ngobe y el gobierno panameño. A su vez, se publica una conferencia del ambientalista Manuel Zárate quien aborda el proyecto de la hidroeléctrica de Barro Blanco. El tercer artículo es del sociólogo Florencio Díaz quien analiza la movilización  ngobe en defensa de las comunidades de Cerro Colorado.

TAREAS publica tres trabajos presentados al XIV Congreso Centroamericano de Sociología realizado en David, Chiriquí, en octubre de 2014. El primero es del sociólogo Azael Carrera quien explica la relación entre el ciclo del capital y el tráfico de drogas ilícitas en Centro América. También se publica la conferencia del sociólogo Alfredo Figueroa N. quien hace un análisis de los cambios experimentados por la educación superior en Panamá. Por ultimo, la conferencia del humanista Guillermo Castro H. quien aborda el problema ambiental latinoamericano en una época de transición.

TAREAS destaca en su portada el retrato del novelista más sobresaliente del siglo XX panameño, Rogelio Sinán. No es casualidad que dos figuras eminentes de nuestra academia – los profesores de Español, Margarita Vásquez y Rafael Ruiloba -  presentan reseñas de La isla mágica, obra cumbre de Sinán, reeditada en 2014. Además, Pedro Rivera O. aborda la obra del militar y abogado, Daniel Delgado, sobre el 25º aniversario de la nefasta invasión militar norteamericana a Panamá.

28 de mayo de 2015.

Justicia selectiva y justicia clasista

La justicia es ciega… dicen. Así se presenta la dama en su elegante túnica. Es la expresión ideal de las relaciones sociales que se levantó de las cenizas de la Revolución francesa hace más de dos siglos. En Panamá los medios de comunicación descubrieron que la justicia no es ciega. La justicia en el Istmo es ‘selectiva’ proclaman los titulares de los diarios y los noticieros televisivos y radiales.

¿Qué quiere decir el periodista o comentarista panameño cuando dice que la justicia es ‘selectiva’? Es un eufemismo para no decir que la justicia es clasista. Cuando se dice que algo es clasista se está haciendo alusión a una manera de clasificar. En las ciencias sociales hay varias teorías que se refieren a las formas de encasillar a la gente y a los grupos en clases.

Todas se refieren a las desigualdades sociales que caracterizan a las sociedades. Por ejemplo, hay clases altas y clases bajas (de paso también hay clases medias). Hay ricos y hay pobres. Explotadores y explotados. En este sentido se puede decir que hay una justicia para la clase alta, rica y explotadora. A su vez, hay otra justicia para la clase baja, pobre y explotada.

Esta regla se aplica en todas las sociedades actualmente existentes en el mundo, con muy pocas excepciones. En algunos países la clasificación es complementada por distinciones culturales/étnicas. Un buen ejemplo es EEUU. Otros casos se refieren a la discriminación religiosa. También hay países en que la justicia clasista se enfrenta a barreras nacionales.

Con motivo de la extraordinaria movilización reciente del Ministerio Público que persigue en Panamá a un gran número de personas acusadas de delitos contra el tesoro nacional, ha surgido la preocupación de que los fiscales en sus investigaciones están aplicando la ‘justicia selectiva’. Actualmente, hay varios ex-ministros, directores y jefes de oficinas públicas que han sido privados de su libertad bajo sospecha de desviar recursos de todos los panameños a sus cuentas bancarias personales. Hay incluso otra cantidad de funcionarios aún más grande que corren el peligro de ser enviados a la cárcel. Entre ellos, el ex –presidente Ricardo Martinelli ocupa un lugar destacado en la lista de candidatos para ser investigado y procesado.

Los medios dicen que en Panamá los funcionarios y empresarios detenidos por delitos responden a cuatro clases sociales. Para llegar a esa conclusión afirman que cada clase de detenidos cuenta con ciertos privilegios que va con su rango de alto/bajo, rico/pobre y/o explotador/explotado.

Los miembros de la clase más alta que son detenidos, para desarrollar más investigaciones, son recluidos en instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública/Policía Nacional. Reciben apartamentos que pertenecen a los comisionados (coroneles) de la fuerza pública. En estas instalaciones tienen acceso a todas las comodidades tanto de las instalaciones como más allá de las murallas. Las visitas son rutinarias.

Los sectores medios altos de los detenidos son recluidos en instalaciones de la Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ), del Ministerio Público. Las comodidades del detenido son satisfactorias, pero limitadas por el espacio relativamente restringido. Además, los contactos personales con el mundo externo también son menores.

Una fracción de los detenidos acusados son personas de extracción media y son enviados a la cárcel El Renacer, antiguo centro penitenciario que administraban los norteamericanos en la Zona del Canal. En este lugar se encuentra preso, desde hace varios años, el general Manuel A. Noriega quien ocupa un pequeño apartamento sin mayores comodidades. El Renacer es administrado por el Ministerio de Gobierno. En el proceso que el Ministerio Público encabeza contra los acusados de delitos contra el fisco, todo indica que no hay personas de la llamada clase baja (de extracción popular). El sistema penitenciario panameño está bien reglamentado. Sin embargo, no se cumplen las reglas y los estudios realizados sobre las cárceles arrojan altos niveles de corrupción.

La Joyita tiene una población cercana a los 10 mil detenidos en un área construida para menos de la mitad. Los detenidos para dormir ocupan celdas (10 o 12 a la vez), pasillos y baños. En su interior se pueden comprar armas y cualquier otro tipo de mercancía. Ninguno de los acusados por delitos contra el fisco se encuentra en La Joyita.

Un comentarista se preguntó si ¿para evitar ir preso hay que robar mucho para pagar la fianza? La justicia panameña tiene los ojos muy abiertos y la bolsa lista para recibir pagos.

21 de mayo de 2015.

Como el tratado de libre comercio arruinó el agro

En EEUU fue truncado debate sobre el “Fast Track”

Los banqueros panameños están preocupados por la ofensiva norteamericana que mantiene a ese sector en la lista gris del mundo financiero. Más que un problema económico, es un mecanismo de presión política de Washington contra los centros de lavados que compiten con sus propias redes en varios estados. Al mismo tiempo, sin embargo, en el radar del gobierno panameño no aparece lo que el Senado de EEUU estaba a punto de  aprobar* en materia de intercambio comercial que mueve todo el piso del tratado de promoción comercial firmado hace pocos años. Se trata de la Autoridad de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority - TPC) que contiene líneas de acción que van mucho más allá de los intereses comerciales.

Panamá firmó con EEUU un ‘Tratado de Promoción Comercial’ que en pocos años ha arruinado el agro, la industria, la pesca y ha abierto la economía a la especulación con las exportaciones norteamericanas. EEUU se siente satisfecho con su éxito en Panamá. En cambio, los productores, consumidores y, en general, todos los panameños se sienten engañados por los gobiernos de turno por la entrega del futuro del país a los piratas internacionales.

El gobierno del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se destacó creando negocios turbios aprovechando las políticas de comercio acordadas con EEUU. El actual presidente Juan C. Varela ha actuado subiendo los aranceles a los productos agrícolas del cero por ciento al 10 por ciento. EEUU, en cambio, hace todo lo contrario: Prohibe la importacnión de productos que considera estratégicos (alimentos, textiles y otros).

La nueva legislación norteamericana que fue truncada también señalaba que todo acuerdo con otro país puede ser ignorado por EEUU si así lo decide el gobierno de Washington. En cambio, EEUU no le permite a su ‘socio’ modificar ni presentar una solicitud de cambio de lo pactado. Panamá está actualmente obligada a disminuir los aranceles a los productos alimenticios del país poco a poco en los próximos diez años. Al mismo tiempo, presenciamos la agonía y muerte del sector agrícola del país.

Las actividades agropecuarias de Panamá constituyen un baluarte de la economía nacional y de la estabilidad política del país. A menor producción en las áreas rurales, mayor inestabilidad (crimen organizado, corrupción y pandillas) en las ciudades. Igualmente, el cierre de industrias golpean a los trbajadores y sus familias que se desintegran creando un vacío en los sistemas educativos y comunitarios.

Según Humberto Mazzei, la nueva legislación norteamericana le habría dado poderes al ejecutivo (presidente de EEUU) para extender los acuerdos comerciales que englobarían sectores no comerciales. El Congreso de EEUU introdujo un nuevo concepto al hablar de ‘cadenas globales de valor’. Es un concepto que da “mucho mayor valor a la propiedad intelectual y a la inversión de capital en el valor final de un producto, que al trabajo, los materiales  y cualquier otro insumo local de la producción”. Katú Arkonada plantea que “a pesar de que desde 2007 China es la principal productora de software y hardware, el 84 por ciento de las ganancias en este rubro siguen estando en manos de capitalistas de EEUU".

El nuevo ordenamiento del Congreso de EEUU, le habría dado a Washington luz verde para intervenir en otros países con el fin de asegurar que se pusieran en práctica políticas que beneficien a ese país. Panamá no tiene una política que defienda sus intereses en el mundo político y menos económico. Sólo sigue la línea del más poderoso. En la década de 1970, cuando el gobierno panameño negociaba con EEUU los Tratados del Canal, el país tuvo una política exterior coherente. Teníamos presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y su representante llegó a ocupar la Presidencia de la Asamblea General.

Según Mazzei, en medidas sanitarias y fitosanitarias (EEUU quiere) imponer sus propios patrones y reemplazar las normas internacionales. En el caso de Panamá ya logró imponer sus propias normas como patrón y que se acepten  productos, entre otros, con organismos genéticamente modificados en EEUU. 

Otro objetivo era reducir o eliminar subsidios de otros países, aunque los de EEUU son los más altos del mundo. Según Mazzei, este objetivo está “impregnado de cinismo”. En 2012, EEUU subsidió con US$139,5 mil millones a  sus exportaciones agrícolas. En la OMC, EEUU denuncia a la India, que en 2010 gastó  US$58 mil en ayuda a sus campesinos. Cada agricultor norteamericano recibe US$58,000 en subsidios. En cambio, cada agricultor de la India recibe sólo US$ 98.

14 de mayo de 2015.

 *Los demócratas del senado de EEUU impiden el debate sobre el acuerdo comercial secreto

En una sorprendente derrota para el presidente Obama, los senadores de su propio partido impidieron (el 12 de mayo) que se realizara el debate sobre un proyecto de ley que habría dado al presidente una vía rápida para negociar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). La votación significó el triunfo del líder demócrata del senado Harry Reid, Elizabeth Warren y otros críticos del TPP, un pacto comercial de doce países que incluiría el 40 por ciento de la economía global y está siendo negociado en secreto entre Estados Unidos y otros once países del Pacífico. Los detractores afirman que el acuerdo perjudicaría a los trabajadores, debilitaría las regulaciones y aumentaría el poder de las grandes empresas. La vía rápida le concedería al presidente la autoridad para negociar el TPP y después presentarlo ante el Congreso para que este se expida por sí o por no, sin posibilidades de enmiendas.
Tomado de Democracy Now! 13 de mayo de de 2015

La OEA ya no cree en la ‘Guerra contra las drogas’

La Universidad de Panamá organizó esta semana un seminario sobre los retos que enfrenta Centro América y Panamá donde fueron discutidos, entre otras cosas, el colapso de la política de ‘Guerra contra las drogas’. Se espera que circule a corto plazo una memoria del evento,  organizado por el Observatorio de las Drogas y el Departamento de Sociología de la primera casa de estudios del país.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) hay más de 3.5 millones de personas encerradas en las cárceles del hemisferio (la mayor parte en EEUU y el resto en América latina). Un tercio de ese total está en la cárcel por delitos, generalmente menores, relacionados con las drogas. La OEA señala que la región debe reducir ese número de privados de libertad que “vulnera los derechos humanos”.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en una reunión reciente llegó a la conclusión que todos los planes para combatir el flagelo han arrojado resultados desastrosos. El informe que se presentó en el seno de la reunión de CICAD destacó el aumento sistemático del consumo de drogas ilícitas entre los sectores más jóvenes de la población. También informó sobre el incremento del número de jóvenes encarcelados por las políticas represivas absurdas que se han aprobado en los últimos lustros.

El CICAD recomienda ahora que es necesario hacer énfasis en la perspectiva de la salud pública en lugar de centrarse en la persecución criminal. Este enfoque es el presentado por el procurador general de EEUU el año pasado. Washington, la OEA y el CICAD coinciden en que el sistema de justicia y de encarcelamiento vigentes están en crisis. El sistema colapsó y buscan fórmulas para reconstruir una política que enfrente los errores cometidos en el pasado. En EEUU la mayoría de los presos son jóvenes. Además, más del 50 por ciento de éstos son casos relacionados con las drogas.

EEUU reconoce ahora que la política de la ‘Guerra contra las drogas’ formulada por Nixon en 1972 sólo empeoró el problema. A su vez, cuando Reagan ‘globalizó’ esa línea de acción lo que hizo fue internacionalizar la crisis.  Durante más de 40 años, la ‘Guerra contra las drogas’ le permitió al crimen organizado participar en forma más activa en el sistema financiero de EEUU. Como consecuencia, logró penetrar el sistema financiero mundial. Se calcula que cerca de mil millones de dólares producto del negocio de las drogas ilícitas se lavan anualmente en el sistema bancario norteamericano y sus ramificaciones a escala global.

En la actualidad, los gastos que representa la ‘Guerra contra las drogas’ superan las ganancias que se producen en el sistema financiero. EEUU busca la fórmula para convertir el consumo de drogas en un negocio lícito, poniendo fin a la política de criminalización fracasada. La OEA felicita a países con los niveles más altos de violación de los derechos humanos por sus esfuerzos en esta materia.

Un poco en serio y otro poco en broma, la OEA dijo que EEUU y Colombia están trabajando en un plan para mejorar las condiciones carcelarias de sus países. Sorprendió a todos cuando agradeció a Colombia por su liderazgo en la exploración de alternativas al encarcelamiento desde un enfoque de derechos humanos. México y Colombia tienen los peores antecedentes en materia de derechos humanos de América latina. La Casa Blanca no tardó tampoco en felicitar a Bogotá.

La Casa Blanca dijo que “no debemos confiar en las fuerzas de seguridad y hay que buscar una perspectiva de salud pública”. El CICAD agregó que "las prioridades no deben ser la reducción de la oferta y el control de estupefacientes, sino la prevención del consumo y de los daños asociados".

Mientras que el tráfico de drogas ilícitas sea un negocio, los discursos de los políticos se lo llevará el viento. La única manera de acabar con la criminalización de la droga es mediante la regulación de su comercialización. Este paso se enfrenta a una oposición de los sectores que controlan los hilos financieros en los más altos niveles bancarios de EEUU y sus ramificaciones globales. También se opondrán a una regulación los fabricantes de armas y las instancias militares y policiales que se benefician del negocio de la ‘Guerra contra las drogas’. Forman parte de una red global de venta y contrabando de armas que se legitima reprimiendo a los consumidores y adictos.

7 de mayo de 2015.