Cuba le ganó a EEUU 191 a 2 en la ONU

EEUU y su socio Israel quedaron solos en la votación por poner fin al bloqueo de Washington contra Cuba realizado en la sede de las Naciones Unidas (ONU). Todos los años los 193 países someten a votación la moción que le pide a EEUU que ponga fin al bloqueo de la isla. Este año 191 votaron en contra del bloqueo y dos votaron a favor.

Lo que sorprende es que EEUU se opone al levantamiento del bloqueo a pesar de haber iniciado conversaciones con Cuba para normalizar sus relaciones a fines de 2014. Incluso, los presidentes de los dos países se reunieron en la ciudad de Panamá a principios de año. Después de más de 50 años se reabrieron las sedes diplomáticas en las capitales de ambos países. A pesar de estos supuestos avances, EEUU sigue decidido en conservar el bloqueo.

El ministro de Relaciones Exteriores de La Habana, Bruno Rodríguez, pronunció un discurso con motivo del aplastante apoyo que recibió Cuba por parte del mundo entero en la ONU. Según Rodríguez, “las medidas adoptadas por el ejecutivo norteamericano que entraron en vigor en enero y luego fueron ampliadas en septiembre, aunque positivas, sólo modifican de forma muy limitada algunos elementos de la aplicación del bloqueo”.

Aún falta mucho para que Cuba pueda “exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde EEUU, utilizar el dólar en sus transacciones financieras internacionales y operar cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Diez meses después de los anuncios del 17 de diciembre, no se ha producido ninguna modificación tangible, sustancial, en la práctica del bloqueo. La eliminación de Cuba de la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional apenas ha tenido consecuencias en la ejecución del bloqueo”.

En octubre, EEUU le aplicó una multa de 1,116 millones de dólares al banco francés Credit Agricole que se suma a la de $1,710 millones al alemán Commerzbank el pasado mes de marzo, por realizar transacciones con Cuba. El sistema de mensajería segura SWIFT canceló un contrato de servicios, fue retenido el primer pago de la compañía Sprint para iniciar las llamadas telefónicas directas y se retuvieron varias transferencias bancarias a Cuba por la operación de vuelos chárter.

Las exiguas compras cubanas de alimentos en EEUU, que es una de las pocas excepciones al bloqueo, aprobadas en 2000 por el Congreso, han disminuido significativamente en el último año, debido a que están sujetas a condiciones discriminatorias y onerosas. Cada compra tiene que ser autorizada por una licencia y se prohíben los créditos. Cuba está obligada a pagar en efectivo y por adelantado, a través de entidades bancarias de terceros países y no puede utilizar barcos propios para transportar los productos.

Algo similar ocurre con las importaciones de medicamentos, también condicionadas desde 1992 por la ley de EEUU. Cuba debe dar cuenta sobre el destinatario final de las medicinas adquiridas y no puede hacer los pagos directamente, sino a través de terceros y en una moneda distinta al dólar. A su vez, la compañía Elekta confirmó en septiembre que no podrá suministrar al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ni a otros hospitales, el isótopo radioactivo Iridio-192 que garantiza el normal funcionamiento de los equipos de braquiterapia, imprescindibles para impartir tratamientos de mayor calidad y precisión contra el cáncer. Su suministrador, la compañía estadounidense Mallinckrodt Pharmaceuticals, se negó a venderlo con destino a Cuba.

Igualmente, la compañía norteamericana Small Bone Innovation, Inc. ha rehusado suministrar al Complejo Ortopédico “Frank País” prótesis para las articulaciones de la muñeca y mano para pacientes con artritis reumatoide. En junio del presente año, la compañía estadounidense SIGMA Aldrich se negó a proporcionar a la compañía Quimimpex productos, servicios e información técnica indispensables para la industria química. Siguió el mismo guión la empresa norteamericana Columbiana Boiler Company que le dijo a la citada empresa estar impedida de exportar los cilindros necesarios para envasar el cloro destinado a la potabilización del agua.

El canciller Rodríguez concluyó que se calcula que los daños económicos que ha ocasionado el bloqueo de EEUU a Cuba, en más de medio siglo, ascienden (a precios corrientes), a un total de 121.192 millones de dólares, cifra de enorme magnitud para una economía pequeña como la cubana.

Muchos creían que EEUU se abstendría en la votación contra su bloqueo para dejar sola a Israel. Se equivocaron.

29 de octubre de 2015.

Desigualdad y distribución de la riqueza

La Biblioteca ‘Simón Bolívar’ de la Universidad de Panamá y el Centro de Estudios Latinoamericanos CELA,“Justo Arosemena”, presentaron el libro del economista francés, Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, que aborda el preocupante incremento de la desigualdad y la creciente mala distribución de las riquezas en el mundo. La obra de Piketty se centra en los países de Europa occidental y EEUU. Sin embargo, se pueden sacar conclusiones para América latina y Panamá, en particular.

La presentación estuvo a cargo de los profesores Gerson Joseph, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Panamá y el suscrito. Un nutrido grupo participó activamente en el conversatorio haciendo comentarios y preguntas. La primera aclaración que se hizo fue que Piketty no es marxista, a pesar del título de su libro que recuerda la obra El capital de Marx. A diferencia del revolucionario del siglo XIX, Piketty considera que el capital es la suma de todos los bienes existentes. En cambio, para Marx, el capital es una relación social que produce riquezas que son acumuladas por una clase (la burguesía) creando contradicciones insolubles.

Piketty demuestra en su libro como la riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo.

El autor francés después de presentar sus datos llega a dos conclusiones claves para su libro: Por un lado, apunta al hecho que la riqueza en forma de propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado producto interno bruto (PIB). Si este ejemplo lo aplicamos a Panamá es obvio que en los últimos lustros los millonarios se han hecho billonarios, mientras que los ‘trabajadores’ que viven de un salario o de su trabajo cotidiano se hacen más pobres.

Piketty recomienda detener esta tendencia nefasta que favorece a los más ricos. Sugiere un impuesto ‘universal’ a las fortunas más grandes del mundo. Por ejemplo, plantea que un incremento de los impuestos en un uno por ciento a todos los bienes inmuebles que superan los dos millones de dólares les permitiría a los gobiernos recaudar decenas de miles de millones de dólares para reforzar sus presupuestos.

En el caso de Panamá, esta propuesta sería políticamente imposible siquiera pensarla en el actual régimen político dominante desde la invasión militar norteamericana en 1989. Al contrario, los gobiernos tratan de encontrar formas de aumentarle los impuestos a los sectores más pobres del país. Por ejemplo, el ITBM, los peajes, los tratados de libre comercio (alimentos y otros bienes de primera necesidad), etc.

Según Pierre Salama, sociólogo europeo, “es un lugar común señalar que la desigualdad se redujo en América latina y que la indigencia y la pobreza disminuyeron. Sin embargo, los análisis basados en fuentes fiscales, aseguran que la parte de los más ricos en el ingreso total se incrementó”.

En los países dirigidos por gobiernos “progresistas”, los salarios han aumentado más rápidamente que la productividad, el empleo informal ha bajado en términos relativos, el desempleo también ha disminuido, el gasto social se ha acrecentado y la pobreza se ha reducido. Sin embargo, las desigualdades en los ingresos siguen siendo muy elevadas aunque, al contrario de lo que sucede en los países desarrollados, habrían disminuido ligeramente en los últimos diez años.

Más aún, señala Salama, la reprimarización de las economías en detrimento de la industria, exponen a la región a una crisis inevitable. “El futuro se vuelve más oscuro, y los riesgos de un incremento de la desigualdad y, sobre todo, de un aumento de la pobreza en los próximos años son elevados. Debido a la creencia de que el desahogo financiero proporcionado por el auge de los productos primarios continuará, los gobiernos están mal preparados para el futuro”.

En Panamá el incremento que experimentó la economía, especialmente en el último lustro, es el resultado de la incorporación del Canal de Panamá a las cuentas nacionales. La corrupción y mala administración no han dejado rastro de ese potencial. Obviamente, el país necesita gobernantes y políticas distintos a los que hemos tenido en los últimos 25 años.

22 de octubre de 2015.

El Comando Sur y la base de Punta Coco

La base aéreo-naval en Punta Coco (en el Golfo de Panamá), en la actualidad, tiene dos misiones. Por un lado, según el Comando Sur de EEUU, forma parte de la red logística que tiene Washington en torno a Colombia. Según informan los boletines del Comando, la base tiene la responsabilidad de detectar las rutas que utilizan los traficantes de drogas ilícitas que salen de Colombia con dirección hacia EEUU. Por el otro, la base de Punta Coco, según los asesores del presidente Juan C. Varela, también tiene la tarea de alojar a ‘criminales de alto perfil’ que son enviados a la isla.

Según otras fuentes no oficiales, la base en Punta Coco podría tener otros propósitos. Hay quienes especulan que EEUU podría utilizarla para encarcelar a prisioneros políticos de sus guerras globales que son detenidos sin acusaciones por largos períodos de tiempo. Las agencias de inteligencia que operan desde Washington podrían traer ciudadanos de otros países a Punta Coco, “al estilo de los procesos extrajudiciales que aplica EEUU (rendición extraordinaria) donde sospechosos son secuestrados y enviados a cárceles clandestinas en otros países”. Según documentos oficiales que describen las operaciones de estos centros clandestinos, los prisioneros son sometidos a torturas y tratos crueles.

El centro carcelario insular podría tener otro objetivo: servir de prisión para trasladar a los privados de libertad, o algunos de ellos, actualmente detenidos en la base militar de EEUU en Guantánamo. Hace 8 años el presidente de EEUU, Barack Obama, prometió en su campaña electoral que cerraría la prisión en la base de Guantánamo. Sin embargo, la complicada legislación que creó la nefasta mazmorra en el extremo oriente de la isla de Cuba le ha impedido obtener su objetivo. Hay quienes especulan con la posibilidad de que el gobierno panameño, para obtener el beneplácito de Washington, se preste para alojar a los prisioneros políticos de origen árabe, afgano y paquistaní en Punta Coco.

La base de Punta Coco, a 107 kilómetros de la ciudad de Panamá, fue construida por el Comando Sur de EEUU hace seis años a un costo de US$73.5 millones. La cárcel es administrada por el Servicio Aeronaval (SENAN), una institución creada por decreto ejecutivo hace 15 años. La Constitución Política de Panamá señala, expresamente, que no se crearán fuerzas armadas en el país. Sin embargo, por insistencia de EEUU, se creó el SENAN e, igualmente, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Ambas fuerzas operan independientemente de la Policía Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional, del Ministerio de Gobierno, encargado de todos los centros carcelarios del país, fue excluido de Punta Coco.

La cárcel de Punta Coco también es responsabilidad del SENAN, que depende del Ministerio de Seguridad Pública. Esta dependencia también fue creada hace un par de lustros por insistencia de Washington. Se supone que centraliza todas las actividades asociadas con las políticas de ‘seguridad nacional’ que forman parte de la política global de EEUU. 

En julio de este año, la avioneta en que una delegación militar norteamericana que regresaba de Punta Coco se estrelló cuando llegaba a un aeropuerto de vuelos domésticos en la ciudad de Panamá. Los 6 militares norteamericanos, entre ellos el jefe de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada, un colombiano no identificado y el piloto panameño salieron ilesos del accidente.

Según la información que se filtró del incidente, el grupo de militares “fueron a inspeccionar el radar que Panamá está construyendo en la base de Punta Coco”. Según fuentes norteamericanas, el gobierno panameño está instalando un total de 19 radares en diferentes bases aéreo navales distribuidos en ambas costas del país.

Según la misma fuente, el gobierno del presidente Varela mantiene un silencio total sobre las bases y los radares. En el caso de Punta Coco, el Grupo HSC, que trabaja para el Comando Sur, ha construido – a un costo de US$5 millones – una instalación eléctrica con capacidad para generar 40KW. La página de internet del Comando Sur informa que la instalación fue construida para su uso. El Comando también invirtió casi US$4 millones en la construcción de unas barracas y un muelle. EEUU justifica estos gastos señalando que Punta Coco “se encuentra en una zona peligrosa de tráfico de drogas (ilícitas)”. Además, la base es parte del “plan estratégico del Comando Sur para mejorar la capacidad de su socio (Panamá) en la captura (de sospechosos) en un ambiente marítimo”.
15 de octubre de 2015.    

La libertad de expresión es un derecho humano

Panamá cayó bajo la lupa de unos investigadores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que incluyeron el país en su informe sobre la libertad de expresión.  La SIP no es una organización muy santa para andar investigando la situación de la prensa en los países de la región. Pero tiene mucha experiencia ya que lo viene haciendo desde hace casi 70 años.

Pero antes de entrar en la materia que vincula a Panamá, es necesario hacer algunas distinciones sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión es una reivindicación de todos los pueblos del mundo. La historia así como en el presente, organizaciones sindicales, gremiales, asociaciones de todo tipo luchan por el reconocimiento de su derecho a decir sus verdades. La lucha, incluso, se puede documentar a nivel de individuos, decididos a hacer respetar su derecho a vocear sus sentimientos.

Para los eurocentristas (que estudian la historia desde la prisma de los avances tecnológicos de la región del norte del Atlántico: Europa occidental y EEUU), la humanidad dio un gran paso con la Revolución francesa que proclamó la libertad de expresión como un derecho humano. El decreto fue desconocido por las potencias europeas de la época y Napoleón en su momento lo borró de los códigos franceses.

Una vez que se asentaron las cenizas de la destrucción generada por la Revolución industrial a mediados del siglo XIX, la libertad de expresión perdió todo ímpetu entre las fuerzas que lo habían promovido en el siglo XVIII. Sólo los obreros, artesanos, pequeños comerciantes (‘shop-keepers’) y otros, en pleno auge, reclamaban la libertad de expresión. Sus periódicos eran agredidos, quemados y prohibidos por las autoridades. Sus luchas por la libertad de expresión son heroicas y la historia las recoge.

‘La libertad de prensa’

En las cúpulas de las sociedades también hay una lucha por la libertad de expresión. Pero es de otro tipo. Tiene que ver con la capacidad para conquistar nuevos mercados, territorios ‘salvajes’ llenos de bosques, minerales preciosos y tierras fértiles y pueblos con mano de obra barata. Las empresas periodísticas son un instrumento importante en estas batallas. En el caso de Panamá, tenemos el clásico ejemplo de la pelea entre los imperios periodísticos de Pulitzer (San Luis, EEUU) y Hearst (Nueva York).

Los enfrentamientos entre los magnates de la prensa de ayer y de hoy se parecen mucho. Las técnicas y las personas (corporaciones) han cambiado. La libertad de prensa es una faceta de la libertad de expresión. En el caso de la prensa, son empresarios o corporaciones que se pelean el control de la comunicación y, también, de la información. Responden a los intereses políticos que en la mayoría de los países actualmente se organizan – en forma elástica – en torno a partidos que responden a los grandes intereses económicos del momento.

Cuando emerge un nuevo grupo económico, los diarios de los otros sectores se quejan por la falta de libertad de prensa. En otras palabras, protestan porque son ‘expropiados’ de su monopolio sobre la información y sistemas de comunicación. Es una lucha constante que no termina. En ese mundo se olvidaron de los periódicos que circulan entre personas con intereses comunes y que son ahogados por los grandes intereses. El diario comunitario, gremial, religioso o estudiantil ha desaparecido a escala mundial. Para estas iniciativas no hay ‘libertad de prensa’ y menos libertad de expresión.

Las empresas periodísticas tienen que organizarse como cualquier otro negocio. Tienen que pagar rentas para su establecimiento (impresora, computadoras, etc). Tienen que comprar materia prima (papel, tinta, etc). Lo fundamental, también tienen que comprar (negociar contratos con) hombres y mujeres entrenados y preparados para sacar un periódico todos los días del año. Es una tarea titánica. Ese personal que llaman periodistas son una especie muy especial. Trabajan con asistentes, ayudantes y trabajadores manuales.

El ejercicio del periodismo

A pesar de ser una especie especial, el periodista tiene necesidades humanas y hace demandas reivindicativas a la empresa o corporación dueña del periódico. Es un derecho humano. Sin embargo, cuando la empresa percibe que el periodista se está organizando pega el grito al cielo: ‘¡Quieren acabar con la libertad de prensa!’ Saben perfectamente que una reivindicación no choca con libertad alguna. Sin embargo, politizan el derecho humano del periodista.

La historia de la SIP

La historia de la SIP es precisamente acabar con las organizaciones de los periodistas para garantizar las ganancias de las empresas. La SIP nació después de la II guerra mundial como iniciativa de la gran prensa norteamericana que vio en América latina un enorme mercado para incrementar sus ganancias. La SIP creó un monopolio en torno a las materias primas y, sobre todo, la comunicación e información que alimentaba a los periódicos. Posteriormente, a la radio y, sobre todo, a la televisión. Gracias a la Associated Press (una red de periódicos de EEUU que cooperativisan las noticias) los principales medios de comunicación de la región sólo reciben una versión de todas las noticias (importantes y menos importantes) que se producen en el mundo.

Ataques a Panamá

El presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP, el periodista Claudio Paolillo, aprovechó en el marco de su examen de la situación regional, de inmiscuirse en una iniciativa legislativa panameña que pretende regular el ejercicio del periodismo. Paolillo alega que ”es contrario a la libertad de expresión la pretensión de que todos los periodistas tienen que estar colegiados, o tener un carné expedido por un organismo público o privado, tal como lo dispone la iniciativa”. Como hemos visto, la SIP confunde libertad de expresión y libertad de prensa. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Un periodista es un trabajador, igual que un ingeniero o un médico, que tiene que tener una identidad clara y precisa.

Agregó que “los periodistas no somos los únicos titulares del derecho humano a expresarnos libremente, y por tanto, todos los ciudadanos pueden ser periodistas”. Es verdad todos somos periodistas, al igual que todos somos médicos o ingenieros. Pero tenemos responsabilidades y derechos y éstas deben ser reguladas.

Eduardo Quirós, de La Estrella de Panamá, aclaró muy bien la situación: El comentarista puede sentar su opinión en un medio de comunicación sin ser periodista, expresa sus opiniones por la libertad que le extiende la empresa que publica los artículos. Cuando la empresa considera que sus contribuciones no son oportunas lo indica y deja de expresarse por ese medio. Para la SIP, es la libertad del dueño del medio que está en juego, no la libertad de expresión.

Varela y Moya

El diputado Juan Moya, proponente del proyecto de ley se limitó a declarar que se trata de mejorar las condiciones laborales de los periodistas”. Allí el meollo del asunto. La SIP es una organización que sólo responde a los intereses de los dueños de los periódicos sin pensar en las necesidades de los periodistas. En Panamá un periodista reportero puede ganar menos de 300 dólares al mes, salario por debajo de la línea de la pobreza. La ley pretende solucionar ese problema. A su vez, por razones coyunturales también quiere proteger al periodista nacional.

El presidente Juan C. Varela fue vago cuando se le preguntó sobre la andanada que recibió de la SIP:

“El proyecto de ley de periodismo es (algo) aislado de un diputado… Se dejó claro que estamos en total desacuerdo con ese proyecto y fuimos muy claros con eso”, Desautorizó a su diputado copartidario y los periodistas tendrán que cambiar al Plan B (si lo tienen) para hacer pasar su proyecto por la Asamblea.

8 de octubre de 2016.