Publican antología de Carmen A. Miró

Carmen A. Miró es probablemente la figura más destacada que ha producido las ciencias sociales panameñas. Formada como socióloga y estadígrafa, se destacó como directora del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) de las Naciones Unidas (ONU). Recibió el primer premio mundial de Población concedido por ese organismo internacional. Sus profesores en el Instituto Nacional la educaron para que fuera una dirigente nacional y rebasó con creces las expectativas. También hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad de Panamá, cuna de los profesionales más destacados del país. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la editora Siglo XXI (México) juntaron esfuerzos para reunir una selección de sus trabajos sobre población para publicarlos en un volumen. Carmen se inició como investigadora en la Dirección de Estadística y Censo (de Panamá) donde rápidamente escaló para dirigir el primer censo ‘científico’ del país en 1950. Fue reclutada en 1959 por la ONU para dirigir el CELADE. Durante más de medio siglo se dedicó a estudiar uno de los problemas sociales considerado como el más urgente durante la segunda mitad del siglo XX: El rápido crecimiento de la población, que las potencias mundiales consideraban una bomba de tiempo. Incluso, para inculcar temor a la supuesta tendencia de sobre-población, le aplicaron el calificativo de ‘explosión demográfica’. En medio de esa época de turbulencia, Carmen encabezó un grupo de demógrafos en el mundo que insistió que el problema de la población tenía una base social que lo explicaba. Era necesario, alegaba la científica panameña, que se investigara las contradicciones sociales que sacudían el mundo para entender el comportamiento de la población. A pesar de las resistencias, finalmente se aceptó que el comportamiento – especialmente el crecimiento – de la población es un reflejo de la forma desigual e injusta en que las sociedades modernas  se organizan. La llamada ‘explosión demográfica’ se superó y, en la actualidad, el mundo se encuentra en una ‘transición demográfica’, hacia el envejecimiento de la población. Los trabajos más recientes de Carmen enfocan este fenómeno y sus implicaciones a escala mundial y, en particular, para Panamá.

En un esfuerzo editorial conjunto, CLACSO y Siglo XXI pusieron en circulación la colección de libros: “Antología del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño” conformada por 10 títulos de destacados científicos sociales, clásicos del pensamiento crítico latinoamericano. Carmen es la única mujer que fue seleccionada para formar parte de la colección. La selección de trabajos para el volumen América Latina, población y desarrollo fue realizada por el sociólogo panameño, Dídimo Castillo, y la demógrafa mexicana, Brígida García. La presentación de la colección, según los editores, está “integrada por una selección cuidadosamente elaborada de parte de las contribuciones teóricas más relevantes de dichos autores, orientadas a la comprensión de la problemática social latinoamericana, desarrollada desde diversas perspectivas, contextos y circunstancias históricas”. Según CLACSO y Siglo XXI, las obras “intentan rescatar ese amplio cúmulo de conocimiento alternativo, fundamental para la comprensión pasada, actual y futura de la realidad latinoamericana”. La antología sobre Carmen A. Miró es acompañada por los otros 9 autores considerados más emblemáticos de la región. La colección incluye los libros: De la sociología del poder a la sociología de la explotación: pensar América Latina en el siglo XX de Pablo González Casanova (antología y presentación de Marcos Roitman Rosenmann). También incluye Una sociología sentipensante para América Latina de Orlando Fals Borda (antología y presentación de Víctor Manuel Moncayo). A su vez, La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia de Álvaro García Linera (antología y presentación de Pablo Stefanoni). La autodeterminación de las masas de René Zavaleta (antología y presentación de Luis Tapia). La colección incluye también Dominación y desigualdad: el dilema social latinoamericano de Florestan Fernandes (antología y presentación de Heloísa Fernandes).  Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo de Enzo Faletto, (antología y presentación de Manuel Antonio Garretón). América Latina, dependencia y globalización de Ruy Mauro Marini (antología y presentación Carlos Eduardo Martins). Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana de Agustín Cueva (antología y presentación de Alejandro Moreano). Finalmente, Centroamérica: entre revoluciones y democracia de Edelberto Torres-Rivas (antología y presentación de Jorge Rovira Más). La obra de Carmen y la colección entera estará a la venta en las principales librerías de América Latina y muy pronto a disposición de investigadores en la Biblioteca Virtual de CLACSO. 12 de noviembre de 2015.

Protesta social o terrorismo

 

Los panameños nos reunimos el pasado 3 de noviembre para celebrar y, a la vez, reflexionar sobre el significado de nuestra declaración de independencia hace 112 años. En el transcurso de esos años se consolidó la República y surgió un proyecto de Nación que encabezó una vanguardia estudiantil en la lucha por la soberanía.

Pocos días antes de la fecha que marcaba el aniversario, las autoridades gubernamentales decidieron poner fin al encarcelamiento de los últimos tres estudiantes del Instituto Nacional y darles una medida cautelar de ‘casa por cárcel’. Ya habían entregado a sus familiares a los otros 7 estudiantes institutores privados de libertad. Todos acusados de ‘terrorismo’ por protestar contra la negligencia administrativa que tiene postrado el histórico plantel que se cubrió de gloria durante la insurrección popular iniciada el 9 de enero de 1964.

La protesta social es una manifestación producto de un malestar que comparte un grupo social que reclama sus derechos humanos. La protesta va dirigida contra alguna instancia representativa de la autoridad. Esta puede reaccionar desatando la represión violenta o puede neutralizar la protesta social mediante distintas tácticas. Entre estas últimas, está el llamado al diálogo (por parte de la autoridad).

La protesta social tiene un origen de clase. La protesta generada por un sector social que pone en peligro el orden establecido es objeto de represión. Si la protesta es de una clase que no constituye un peligro, se espera que se diluya con la aplicación de tácticas moderadas.

Las protestas sociales que ponen en peligro el orden político siempre han sido criminalizadas. En la sociedad moderna, cuando la protesta social es en el marco de un paro de labores se desata la violencia clasista. Cuando la movilización reivindica un derecho social (agua, vivienda, educación) se criminaliza.

En Panamá las movilizaciones estudiantiles son parte de las protestas sociales desde mediados del siglo XX. Las protestas por la calidad de los planteles, de los programas o la escasez de educadores se complementaba con la cuestión social (condiciones de vida) y la soberanía nacional. Entre 1940 y 1960 la educación comenzó a masificarse y las autoridades no entendieron el fenómeno y fueron incapaces de concebir una política para manejar la nueva situación.

La vanguardia de los estudiantes es reprimida y criminalizada. Las autoridades militares después del golpe de 1968 intentan cooptar a los líderes estudiantiles en vez de reprimirlos. A partir de 1990, después de la invasión, las autoridades nunca pretendieron incorporar a los estudiantes en sus programas de gobierno. Los partidos políticos de la época - que siguen vigentes – se olvidaron de las lecciones de Eusebio A. Morales quien decía que la educación es clave para formar los dirigentes nacionales.

En vez de enfrentar las reivindicaciones de los estudiantes, los gobernantes optaron por abandonar la educación como herramienta estratégica en sus planes. Los planteles y los educadores son cada vez más ignorados en los presupuestos nacionales aprobados. Como política laboral se privilegia al trabajador precario sobre el trabajador especialista. La educación juega un papel cada vez menos estratégico en la formación de los trabajadores, técnicos y profesionales.

Las protestas sociales en los colegios de Panamá se han vuelto esporádicas en la actualidad. La excepción fue, y sigue siendo, el Instituto Nacional. Las protestas estudiantiles son constantes por el abandono por parte de los gobiernos de turno de la educación, por la creciente pobreza en todos los estratos del país y la entrega del patrimonio nacional (incluyendo el Canal de Panamá) a una pequeña oligarquía e intereses extranjeros.

El Instituto Nacional está intervenido por el gobierno y sus agencias represivas. Toda forma de organización o reunión son prohibidas y quienes son sospechosos de cometer estos actos son expulsados.

La escalada represiva llegó a su punto más alto en 2015 cuando, después de una protesta social, 10 estudiantes sospechosos, identificados por desconocidos, fueron secuestrados por agentes de la autoridad quienes allanaron sus hogares y llevados a centros de detención. Fueron acusados de terrorismo. Esta es una figura jurídica novedosa y peligrosa en Panamá. Fue introducida al ordenamiento legal por insistencia de EEUU. 

En Panamá la protesta social – en todas sus manifestaciones clasistas - ha sido criminalizada y ahora es homologada con la nueva categoría de terrorismo. Los gobernantes le han declarado la guerra a nuestro proyecto de Nación, siempre defendido por los estudiantes, especialmente por los institutores.

Todos solidarizamos con los estudiantes institutores.

5 de noviembre de 2015.

Cuba le ganó a EEUU 191 a 2 en la ONU

EEUU y su socio Israel quedaron solos en la votación por poner fin al bloqueo de Washington contra Cuba realizado en la sede de las Naciones Unidas (ONU). Todos los años los 193 países someten a votación la moción que le pide a EEUU que ponga fin al bloqueo de la isla. Este año 191 votaron en contra del bloqueo y dos votaron a favor.

Lo que sorprende es que EEUU se opone al levantamiento del bloqueo a pesar de haber iniciado conversaciones con Cuba para normalizar sus relaciones a fines de 2014. Incluso, los presidentes de los dos países se reunieron en la ciudad de Panamá a principios de año. Después de más de 50 años se reabrieron las sedes diplomáticas en las capitales de ambos países. A pesar de estos supuestos avances, EEUU sigue decidido en conservar el bloqueo.

El ministro de Relaciones Exteriores de La Habana, Bruno Rodríguez, pronunció un discurso con motivo del aplastante apoyo que recibió Cuba por parte del mundo entero en la ONU. Según Rodríguez, “las medidas adoptadas por el ejecutivo norteamericano que entraron en vigor en enero y luego fueron ampliadas en septiembre, aunque positivas, sólo modifican de forma muy limitada algunos elementos de la aplicación del bloqueo”.

Aún falta mucho para que Cuba pueda “exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde EEUU, utilizar el dólar en sus transacciones financieras internacionales y operar cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Diez meses después de los anuncios del 17 de diciembre, no se ha producido ninguna modificación tangible, sustancial, en la práctica del bloqueo. La eliminación de Cuba de la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional apenas ha tenido consecuencias en la ejecución del bloqueo”.

En octubre, EEUU le aplicó una multa de 1,116 millones de dólares al banco francés Credit Agricole que se suma a la de $1,710 millones al alemán Commerzbank el pasado mes de marzo, por realizar transacciones con Cuba. El sistema de mensajería segura SWIFT canceló un contrato de servicios, fue retenido el primer pago de la compañía Sprint para iniciar las llamadas telefónicas directas y se retuvieron varias transferencias bancarias a Cuba por la operación de vuelos chárter.

Las exiguas compras cubanas de alimentos en EEUU, que es una de las pocas excepciones al bloqueo, aprobadas en 2000 por el Congreso, han disminuido significativamente en el último año, debido a que están sujetas a condiciones discriminatorias y onerosas. Cada compra tiene que ser autorizada por una licencia y se prohíben los créditos. Cuba está obligada a pagar en efectivo y por adelantado, a través de entidades bancarias de terceros países y no puede utilizar barcos propios para transportar los productos.

Algo similar ocurre con las importaciones de medicamentos, también condicionadas desde 1992 por la ley de EEUU. Cuba debe dar cuenta sobre el destinatario final de las medicinas adquiridas y no puede hacer los pagos directamente, sino a través de terceros y en una moneda distinta al dólar. A su vez, la compañía Elekta confirmó en septiembre que no podrá suministrar al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ni a otros hospitales, el isótopo radioactivo Iridio-192 que garantiza el normal funcionamiento de los equipos de braquiterapia, imprescindibles para impartir tratamientos de mayor calidad y precisión contra el cáncer. Su suministrador, la compañía estadounidense Mallinckrodt Pharmaceuticals, se negó a venderlo con destino a Cuba.

Igualmente, la compañía norteamericana Small Bone Innovation, Inc. ha rehusado suministrar al Complejo Ortopédico “Frank País” prótesis para las articulaciones de la muñeca y mano para pacientes con artritis reumatoide. En junio del presente año, la compañía estadounidense SIGMA Aldrich se negó a proporcionar a la compañía Quimimpex productos, servicios e información técnica indispensables para la industria química. Siguió el mismo guión la empresa norteamericana Columbiana Boiler Company que le dijo a la citada empresa estar impedida de exportar los cilindros necesarios para envasar el cloro destinado a la potabilización del agua.

El canciller Rodríguez concluyó que se calcula que los daños económicos que ha ocasionado el bloqueo de EEUU a Cuba, en más de medio siglo, ascienden (a precios corrientes), a un total de 121.192 millones de dólares, cifra de enorme magnitud para una economía pequeña como la cubana.

Muchos creían que EEUU se abstendría en la votación contra su bloqueo para dejar sola a Israel. Se equivocaron.

29 de octubre de 2015.

Desigualdad y distribución de la riqueza

La Biblioteca ‘Simón Bolívar’ de la Universidad de Panamá y el Centro de Estudios Latinoamericanos CELA,“Justo Arosemena”, presentaron el libro del economista francés, Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, que aborda el preocupante incremento de la desigualdad y la creciente mala distribución de las riquezas en el mundo. La obra de Piketty se centra en los países de Europa occidental y EEUU. Sin embargo, se pueden sacar conclusiones para América latina y Panamá, en particular.

La presentación estuvo a cargo de los profesores Gerson Joseph, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Panamá y el suscrito. Un nutrido grupo participó activamente en el conversatorio haciendo comentarios y preguntas. La primera aclaración que se hizo fue que Piketty no es marxista, a pesar del título de su libro que recuerda la obra El capital de Marx. A diferencia del revolucionario del siglo XIX, Piketty considera que el capital es la suma de todos los bienes existentes. En cambio, para Marx, el capital es una relación social que produce riquezas que son acumuladas por una clase (la burguesía) creando contradicciones insolubles.

Piketty demuestra en su libro como la riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo.

El autor francés después de presentar sus datos llega a dos conclusiones claves para su libro: Por un lado, apunta al hecho que la riqueza en forma de propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado producto interno bruto (PIB). Si este ejemplo lo aplicamos a Panamá es obvio que en los últimos lustros los millonarios se han hecho billonarios, mientras que los ‘trabajadores’ que viven de un salario o de su trabajo cotidiano se hacen más pobres.

Piketty recomienda detener esta tendencia nefasta que favorece a los más ricos. Sugiere un impuesto ‘universal’ a las fortunas más grandes del mundo. Por ejemplo, plantea que un incremento de los impuestos en un uno por ciento a todos los bienes inmuebles que superan los dos millones de dólares les permitiría a los gobiernos recaudar decenas de miles de millones de dólares para reforzar sus presupuestos.

En el caso de Panamá, esta propuesta sería políticamente imposible siquiera pensarla en el actual régimen político dominante desde la invasión militar norteamericana en 1989. Al contrario, los gobiernos tratan de encontrar formas de aumentarle los impuestos a los sectores más pobres del país. Por ejemplo, el ITBM, los peajes, los tratados de libre comercio (alimentos y otros bienes de primera necesidad), etc.

Según Pierre Salama, sociólogo europeo, “es un lugar común señalar que la desigualdad se redujo en América latina y que la indigencia y la pobreza disminuyeron. Sin embargo, los análisis basados en fuentes fiscales, aseguran que la parte de los más ricos en el ingreso total se incrementó”.

En los países dirigidos por gobiernos “progresistas”, los salarios han aumentado más rápidamente que la productividad, el empleo informal ha bajado en términos relativos, el desempleo también ha disminuido, el gasto social se ha acrecentado y la pobreza se ha reducido. Sin embargo, las desigualdades en los ingresos siguen siendo muy elevadas aunque, al contrario de lo que sucede en los países desarrollados, habrían disminuido ligeramente en los últimos diez años.

Más aún, señala Salama, la reprimarización de las economías en detrimento de la industria, exponen a la región a una crisis inevitable. “El futuro se vuelve más oscuro, y los riesgos de un incremento de la desigualdad y, sobre todo, de un aumento de la pobreza en los próximos años son elevados. Debido a la creencia de que el desahogo financiero proporcionado por el auge de los productos primarios continuará, los gobiernos están mal preparados para el futuro”.

En Panamá el incremento que experimentó la economía, especialmente en el último lustro, es el resultado de la incorporación del Canal de Panamá a las cuentas nacionales. La corrupción y mala administración no han dejado rastro de ese potencial. Obviamente, el país necesita gobernantes y políticas distintos a los que hemos tenido en los últimos 25 años.

22 de octubre de 2015.

El Comando Sur y la base de Punta Coco

La base aéreo-naval en Punta Coco (en el Golfo de Panamá), en la actualidad, tiene dos misiones. Por un lado, según el Comando Sur de EEUU, forma parte de la red logística que tiene Washington en torno a Colombia. Según informan los boletines del Comando, la base tiene la responsabilidad de detectar las rutas que utilizan los traficantes de drogas ilícitas que salen de Colombia con dirección hacia EEUU. Por el otro, la base de Punta Coco, según los asesores del presidente Juan C. Varela, también tiene la tarea de alojar a ‘criminales de alto perfil’ que son enviados a la isla.

Según otras fuentes no oficiales, la base en Punta Coco podría tener otros propósitos. Hay quienes especulan que EEUU podría utilizarla para encarcelar a prisioneros políticos de sus guerras globales que son detenidos sin acusaciones por largos períodos de tiempo. Las agencias de inteligencia que operan desde Washington podrían traer ciudadanos de otros países a Punta Coco, “al estilo de los procesos extrajudiciales que aplica EEUU (rendición extraordinaria) donde sospechosos son secuestrados y enviados a cárceles clandestinas en otros países”. Según documentos oficiales que describen las operaciones de estos centros clandestinos, los prisioneros son sometidos a torturas y tratos crueles.

El centro carcelario insular podría tener otro objetivo: servir de prisión para trasladar a los privados de libertad, o algunos de ellos, actualmente detenidos en la base militar de EEUU en Guantánamo. Hace 8 años el presidente de EEUU, Barack Obama, prometió en su campaña electoral que cerraría la prisión en la base de Guantánamo. Sin embargo, la complicada legislación que creó la nefasta mazmorra en el extremo oriente de la isla de Cuba le ha impedido obtener su objetivo. Hay quienes especulan con la posibilidad de que el gobierno panameño, para obtener el beneplácito de Washington, se preste para alojar a los prisioneros políticos de origen árabe, afgano y paquistaní en Punta Coco.

La base de Punta Coco, a 107 kilómetros de la ciudad de Panamá, fue construida por el Comando Sur de EEUU hace seis años a un costo de US$73.5 millones. La cárcel es administrada por el Servicio Aeronaval (SENAN), una institución creada por decreto ejecutivo hace 15 años. La Constitución Política de Panamá señala, expresamente, que no se crearán fuerzas armadas en el país. Sin embargo, por insistencia de EEUU, se creó el SENAN e, igualmente, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Ambas fuerzas operan independientemente de la Policía Nacional. El Sistema Penitenciario Nacional, del Ministerio de Gobierno, encargado de todos los centros carcelarios del país, fue excluido de Punta Coco.

La cárcel de Punta Coco también es responsabilidad del SENAN, que depende del Ministerio de Seguridad Pública. Esta dependencia también fue creada hace un par de lustros por insistencia de Washington. Se supone que centraliza todas las actividades asociadas con las políticas de ‘seguridad nacional’ que forman parte de la política global de EEUU. 

En julio de este año, la avioneta en que una delegación militar norteamericana que regresaba de Punta Coco se estrelló cuando llegaba a un aeropuerto de vuelos domésticos en la ciudad de Panamá. Los 6 militares norteamericanos, entre ellos el jefe de la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada, un colombiano no identificado y el piloto panameño salieron ilesos del accidente.

Según la información que se filtró del incidente, el grupo de militares “fueron a inspeccionar el radar que Panamá está construyendo en la base de Punta Coco”. Según fuentes norteamericanas, el gobierno panameño está instalando un total de 19 radares en diferentes bases aéreo navales distribuidos en ambas costas del país.

Según la misma fuente, el gobierno del presidente Varela mantiene un silencio total sobre las bases y los radares. En el caso de Punta Coco, el Grupo HSC, que trabaja para el Comando Sur, ha construido – a un costo de US$5 millones – una instalación eléctrica con capacidad para generar 40KW. La página de internet del Comando Sur informa que la instalación fue construida para su uso. El Comando también invirtió casi US$4 millones en la construcción de unas barracas y un muelle. EEUU justifica estos gastos señalando que Punta Coco “se encuentra en una zona peligrosa de tráfico de drogas (ilícitas)”. Además, la base es parte del “plan estratégico del Comando Sur para mejorar la capacidad de su socio (Panamá) en la captura (de sospechosos) en un ambiente marítimo”.
15 de octubre de 2015.