Cada día aparecen más casos de sobornos ligados a la
corrupción de funcionarios públicos por empresas privadas especializadas en el
manejo de proyectos de dudosos antecedentes. Los más recientes son Odebrecht y
Andrade – gigantes constructoras – de Brasil. Igualmente, la Distribuidora
Metropolitana S.A. – Dimesa - de Honduras (vinculada a GENISA). Se puede sumar
el caso de la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo. En los dos primeros casos, sus
presidentes fueron encausados y se encuentran bajo órdenes cautelares. Las tres
empresas tienen fuertes vínculos con políticos panameños insertos en el
engranaje gubernamental y también con altos funcionarios de gobiernos pasados.
Los casos de soborno de Brasil, según fuentes informativas,
le causaron pérdidas por 2 mil millones de dólares a la empresa pública
Petrobras. La mayor parte del dinero obtenido por los gigantes de la
construcción brasileña Odebrecht y Andrade Gutiérrez, mediante diferentes actos
de corrupción, era depositada en cuentas en otros países, entre los que
sobresalen Panamá, Suiza y Mónaco.
Según los fiscales brasileños, “Odebrecht y Andrade Gutiérrez capitaneaban
un esquema de cartel dentro de Petrobras". Manejaban un sofisticado
esquema de pagos ilegales a ex-directivos de Petrobras en países como Panamá.
El fraude en la gigante petrolera “amañaba licitaciones para adjudicarse obras
contratadas por la estatal entre 2004 y 2014”. Según fuentes informativas, “los
sobornos pagados para obtener las concesiones fueron destinados a financiar
partidos políticos y a engrosar fortunas personales. Entre los investigados se
destacan dos gobernadores, 13 senadores y 22 diputados en funciones”.
Andrade opera en 40 países. A su vez, Odebrecht tiene
oficinas en 21 países, facturó más de 40 mil millones de dólares en 2014y tiene
una planilla con 181 mil empleados. (El gobierno panameño tiene una planilla
con una cantidad similar de empleados). En la actualidad, Odebrecht construye
un par de metros en las ciudades de Río de Janeiro y Panamá, respectivamente.
En Panamá, Odebrecht ha facturado cerca de 8.5 mil millones
de dólares en poco más de cinco años. Llegó al país de la mano del presidente
Martín Torrijos para construir la Cinta Costera de la capital y desde entonces
ha ganado licitaciones en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y
Juan Carlos Varela (quien cumple su primer año como presidente la próxima
semana).
No se queda atrás otro amigo de los gobernantes panameños,
el empresario Luis Shucri Kafie, de nacionalidad hondureña, quien se ha hecho
renombre por su papel como líder de Generadoras del Istmo SA – GENISA – constructora
de la represa de Barro Blanco realizada contra viento y marea. La represa -sobre
el río Tabasará - afectará a la Comarca Ngobe Buglé. Es rechazada por el pueblo
indígena y la opinión pública panameña.
Kafie perdió su libertad recientemente en Honduras al ser
acusado de desfalco contra la Caja de Seguridad Social por 118 millones de
dólares a través de DEMISA. Kafie es, también, ejecutivo de Luz y Fuerza de San
Lorenzo (LUFUSSA). Kafie, además, es directivo de la generadora termal de La
Chorrera en Panamá.
En estos momentos el gobierno del presidente Varela negocia
con dirigentes del pueblo ngobe sobre el futuro de la represa de Barro Blanco.
Los representantes indígenas rechazan categóricamente la hidroeléctrica en
Barro Blanco. Alegan que pondrá en peligro la vida de muchas comunidades y la
integridad de la comarca. Además, los voceros populares señalan que la
construcción de la represa fue posible gracias a la intervención de la policía
del ex-presidente Martinelli. En 2011 murieron tres indígenas en incidentes
relacionados con las protestas contra el proyecto.
Varela no descarta la posibilidad de continuar el proyecto
de Barro Blanco bajo la dirección de GENISA de Kafie. También baraja la opción
de poner fin a esa concesión y entregarle el proyecto a una tercera empresa. El
conflicto en Barro Blanco trasciende los sobornos del empresario hondureño y
sus posibles socios en Panamá.
En la larga lista de casos de corrupción en Panamá, también
se destaca Hidalgo & Hidalgo, empresa ecuatoriana que, junto con
funcionarios del ex -mandatario Martinelli, confabularon para ganarse en 2012 un
proyecto de riego en el distrito de Tonosí (provincia de Los Santos) por 155
millones de dólares que nunca despegó. En este caso hay dos empresarios
ecuatorianos privados de libertad y varios funcionarios panameños con medidas
cautelares. Entre los empresarios panameños se destacan el ex-vicepresidente
Felipe Virzi (con una medida de casa por cárcel) y sus socios más allegados que
se encuentran fuera del país.
25 de junio de 2015.
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