Las redes del crimen y soborno sacuden a Panamá

Cada día aparecen más casos de sobornos ligados a la corrupción de funcionarios públicos por empresas privadas especializadas en el manejo de proyectos de dudosos antecedentes. Los más recientes son Odebrecht y Andrade – gigantes constructoras – de Brasil. Igualmente, la Distribuidora Metropolitana S.A. – Dimesa - de Honduras (vinculada a GENISA). Se puede sumar el caso de la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo. En los dos primeros casos, sus presidentes fueron encausados y se encuentran bajo órdenes cautelares. Las tres empresas tienen fuertes vínculos con políticos panameños insertos en el engranaje gubernamental y también con altos funcionarios de gobiernos pasados.

Los casos de soborno de Brasil, según fuentes informativas, le causaron pérdidas por 2 mil millones de dólares a la empresa pública Petrobras. La mayor parte del dinero obtenido por los gigantes de la construcción brasileña Odebrecht y Andrade Gutiérrez, mediante diferentes actos de corrupción, era depositada en cuentas en otros países, entre los que sobresalen  Panamá, Suiza y Mónaco.

Según los fiscales brasileños,  “Odebrecht y Andrade Gutiérrez capitaneaban un esquema de cartel dentro de Petrobras". Manejaban un sofisticado esquema de pagos ilegales a ex-directivos de Petrobras en países como Panamá. El fraude en la gigante petrolera “amañaba licitaciones para adjudicarse obras contratadas por la estatal entre 2004 y 2014”. Según fuentes informativas, “los sobornos pagados para obtener las concesiones fueron destinados a financiar partidos políticos y a engrosar fortunas personales. Entre los investigados se destacan dos gobernadores, 13 senadores y 22 diputados en funciones”.

Andrade opera en 40 países. A su vez, Odebrecht tiene oficinas en 21 países, facturó más de 40 mil millones de dólares en 2014y tiene una planilla con 181 mil empleados. (El gobierno panameño tiene una planilla con una cantidad similar de empleados). En la actualidad, Odebrecht construye un par de metros en las ciudades de Río de Janeiro y Panamá, respectivamente.

En Panamá, Odebrecht ha facturado cerca de 8.5 mil millones de dólares en poco más de cinco años. Llegó al país de la mano del presidente Martín Torrijos para construir la Cinta Costera de la capital y desde entonces ha ganado licitaciones en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (quien cumple su primer año como presidente la próxima semana).

No se queda atrás otro amigo de los gobernantes panameños, el empresario Luis Shucri Kafie, de nacionalidad hondureña, quien se ha hecho renombre por su papel como líder de Generadoras del Istmo SA – GENISA – constructora de la represa de Barro Blanco realizada contra viento y marea. La represa -sobre el río Tabasará - afectará a la Comarca Ngobe Buglé. Es rechazada por el pueblo indígena y la opinión pública panameña.

Kafie perdió su libertad recientemente en Honduras al ser acusado de desfalco contra la Caja de Seguridad Social por 118 millones de dólares a través de DEMISA. Kafie es, también, ejecutivo de Luz y Fuerza de San Lorenzo (LUFUSSA). Kafie, además, es directivo de la generadora termal de La Chorrera en Panamá.

En estos momentos el gobierno del presidente Varela negocia con dirigentes del pueblo ngobe sobre el futuro de la represa de Barro Blanco. Los representantes indígenas rechazan categóricamente la hidroeléctrica en Barro Blanco. Alegan que pondrá en peligro la vida de muchas comunidades y la integridad de la comarca. Además, los voceros populares señalan que la construcción de la represa fue posible gracias a la intervención de la policía del ex-presidente Martinelli. En 2011 murieron tres indígenas en incidentes relacionados con las protestas contra el proyecto.

Varela no descarta la posibilidad de continuar el proyecto de Barro Blanco bajo la dirección de GENISA de Kafie. También baraja la opción de poner fin a esa concesión y entregarle el proyecto a una tercera empresa. El conflicto en Barro Blanco trasciende los sobornos del empresario hondureño y sus posibles socios en Panamá.

En la larga lista de casos de corrupción en Panamá, también se destaca Hidalgo & Hidalgo, empresa ecuatoriana que, junto con funcionarios del ex -mandatario Martinelli, confabularon para ganarse en 2012 un proyecto de riego en el distrito de Tonosí (provincia de Los Santos) por 155 millones de dólares que nunca despegó. En este caso hay dos empresarios ecuatorianos privados de libertad y varios funcionarios panameños con medidas cautelares. Entre los empresarios panameños se destacan el ex-vicepresidente Felipe Virzi (con una medida de casa por cárcel) y sus socios más allegados que se encuentran fuera del país.

25 de junio de 2015.

Wikileaks arroja luz sobre tratado ultra-secreto

Panamá y otros 50 países negocian en secreto un tratado que acabaría con lo poco que queda de democracia y del libre mercado a escala global. Funcionarios norteamericanos y europeos asesoran a sus contrapartes. Todo indica que es una operación que se mueve al margen de la ley de los países involucrados. En la a actualidad, el Congreso de EEUU legisla para crear un marco jurídico para la nueva instancia. En el caso de Panamá y la mayoría de los países que forman parte de las negociaciones no hay información que se esté legislando.

Wikileaks está filtrando, a través de una red periodística mundial que está a su disposición, el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer una alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA). El acuerdo de intercambio de servicios no sólo se está negociando en el más absoluto secreto, también pretende seguir oculto durante cinco años adicionales después de entrar en vigencia.

El nivel de encubrimiento del TiSA –que abarca las telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios financieros, así como seguros y transportes – es superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos. Wikileaks divulgó documentos secretos donde se descubre que se está construyendo un complejo de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales sobre el mercado global.

Si el tratado no se da a conocer durante años, los gobiernos que lo ejecutan no tendrían que rendir cuentas. Según fuentes bien informadas, la intención fraudulenta de estas negociaciones clandestinas es obvia por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados. Por el momento, los gobiernos latinoamericanos implicados en la negociación secreta del TiSA incluyen Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú. Los textos de la negociación secreta del TiSA que divulga Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles de los servicios financieros. Fueron precisamente los derivados o los CDS (credit default swaps) – auténticas apuestas sobre posibles quiebras – los que generaron la burbuja bursátil que al estallar en 2007-2008 acabó con el sistema financiero capitalista hasta entonces conocido. El colapso obligó a Washington a inyectar millones de millones de dólares de fondos públicos en los bancos más grandes para evitar su bancarrota.

Wikileacks tuvo acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende. Es revelador el listado de los gobiernos latinoamericanos que participan en el TiSA, todos ellos fieles aliadas de EEUU. A su vez, se excluyen los países del ALBA, así como Brasil, Argentina y otras potencias en que Washington no confía.

Lo más increíble de la propuesta de TiSA es que le exigirá transparencia total a los países que no forman parte del Tratado secreto. Los países que no están en el círculo íntimo, deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones tengan tiempo para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

El TiSA  tomará en cuenta todas las exigencias de la industria financiera de Wall Street de Nueva York y la City en Londres, así como los intereses de las grandes corporaciones globales, para las que el tratado no es un secreto sino producto de su propia creación. Según la profesora de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, "el mayor peligro es que el TiSA impedirá que los gobiernos puedan fortalecer las reglas para controlar el sector financiero".

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero capitalista a escala global, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a fortalecer y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis. Además, les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios. Incluso, los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos e impedirá que adopten medidas para evitar otras crisis creadas por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de cuáles son los verdaderos motivos que arrastran a sus países a la ruina.

17 de junio de 2015.

El expreso chino en América latina

En Panamá no hay seguridad sobre la estabilidad futura del gobierno ni garantías sobre la viabilidad del proyecto de Canal interoceánico ampliado. El presidente Juan C. Varela no logra enderezar la nave del Estado  después de 20 años de desgobierno, agudizado durante el último período presidido por Ricardo Martinelli (2009-2014). Por otro lado, el Canal de Panamá, baluarte de un proyecto nacional, pareciera encontrarse empantanado en problemas políticos y técnicos sin solución a la vista. El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), recientemente declaró que pronto habrá que decidir entre el uso del agua de la cuenca del río Chagres para el consumo humano de más de un 1.5 millones de panameños o para pasar barcos de un océano a otro.

Incluso, los puertos tradicionales del Canal de Panamá – actualmente bajo administración de una empresa anglo-china – se encuentran en medio de batallas internas de empresarios panameños por el control de áreas aledañas a la vía interoceánica. A esta situación se suman las amenazas constantes del consorcio que construye las nuevas esclusas que ampliará la capacidad de la vía. El grupo constructor, cuya sobrevivencia está en cuestión, tiene dos años de atraso y está pidiendo el pago de sobrecostos equivalentes a US$2.500 millones. La planificación en torno al Canal de Panamá y de las áreas aledañas parecieran estar a punto de colapsar.

La junta directiva de la ACP parece estar más preocupada de los negocios que puede entablar con actuales y futuros socios que en ordenar su propia casa. Sus miembros aún no se han pronunciado sobre la supuesta escasez de agua anunciada por el administrador, tampoco tienen una posición firme frente a las amenazas del consorcio constructor. Además, las noticias publicadas en los medios indican que tienen intereses personales en los nuevos puertos de Rodman y Corozal, vecinos del puerto de Balboa.

Mientras que los gobiernos de turno se preocupan de hacer negocios con las ventajas relativas creadas por el traspaso del Canal de manos norteamericanas a Panamá en 2000, la región observa como China avanza por dos frentes estratégicos para viabilizar nuevas rutas interoceánicas. Por un lado, el Gran Canal de Nicaragua en el cual Pekín ha comprometido una inversión de US$40 mil millones. Por el otro, el proyecto menos conocido del Ferrocarril Transcontinental Perú-Brasil. La vía férrea atravesaría el mítico bosque de la Amazonía y la cordillera de los Andes, uniendo los océanos Pacífico y Atlántico. Sería financiado también, en gran parte, por China.

Según los cálculos, cada tren transportaría unos 200 vagones de 100 toneladas cada uno. El tren sería una nueva proeza de ingeniería y, también, una bomba que podría poner en peligro el ambiente de una vasta zona del planeta. Se extendería a lo largo de más de 4 mil kilómetros. El tren partiría desde Piura, en el Pacífico, pasaría por Abra de Porculla, un paso andino a 2,200 metros sobre el nivel del mar y cruzaría la frontera peruana rumbo a Porto Velho, en Brasil. Seguiría hasta el puerto de Açú, cerca de Río de Janeiro, en el océano Atlántico.

El primer ministro chino Li Keqiang se reunió recientemente con el presidente Ollanta Humala, en Lima, y Dilma Rousseff, en Brasilia. La potencia suramericana es uno de los proveedores más importantes de China en materia de hierro y soya. China exporta a Brasil bienes manufacturados. Perú serviría de intermediario, aunque también considera que puede aprovechar la nueva vía férrea para exportar materias primas para la potente agro-industria brasileña. El presidente Humala cree que el “proyecto consolidará la posición geopolítica del Perú como puerta natural hacia Sudamérica”. Según el analista peruano, Raúl Mendoza, “los tres países tienen algo que ganar, pero la alianza para impulsar el tren recién comienza”.

Mientras China mueve sus fichas en América latina, los gobernantes panameños (y los grupos económicos que se agazapan en su entorno) esperan sentados que las ‘migajas’ del intenso movimiento comercial que ya se inició les caigan del cielo. Son los clásicos ‘rentistas’ incapaces de coordinar un plan de desarrollo que le permita al país avanzar y convertirse en un centro de producción de la región. El expreso chino se mueve por el continente, cruzando cordilleras, partiendo istmos y extrayendo riquezas. Si los ‘rentistas’ no movilizan las enormes fuerzas productivas de la población panameña, tendrán que aparecer otros grupos sociales que lo hagan.

11 de junio de 2015.

Nepotismo y oligarquía

Nepotismo – Control del poder por una familia o varias familias.

En 2015 Panamá tiene una estructura de poder que descansa sobre el sistema financiero y los servicios logísticos del Canal de Panamá y, en menor medida, los puertos marítimos y aéreos. Además, cuenta con una fuerte actividad comercial concentrada en la ruta de tránsito. Las finanzas y el comercio se relacionan para hacer posible transacciones internacionales, tanto lícitas como ilícitas. En esta actividad hay una fuerte influencia militar norteamericana.

Sectores que antes jugaban un papel importante en la correlación de fuerzas – como la industria, la agro-industria y la ganadería – han perdido su alto perfil de antaño. El sector financiero ha asumido el liderazgo (hegemonía) bajo la conducción de un grupo de familias tradicionales que moldean las creencias de la mayoría de los panameños.

Son familias que se remontan a la fundación de la República (1903) e, incluso, a la independencia de España (1821). Entre éstas se destacan las familias Arosemena, Arias Feraud, Arango, De la Guardia y Boyd. En 1903, estas familias manejaban los negocios relacionados con la ruta de tránsito, el comercio y la propiedad inmueble urbana. En 2015, sus descendientes manejan las entidades financieras y los negocios relacionados con la logística.

La presencia de estas familias fue notoria en la conspiración que separó al istmo de Panamá de Bogotá. Ocuparon también los cargos claves en los gobiernos que se sucedieron  a lo largo del siglo XX. Perdieron su hegemonía – pero no fueron despojados de sus intereses dominantes – durante los gobiernos de Porras (1912-1924) y Torrijos (1970-1981)

En la actualidad, los descendientes de Pablo Arosemena, Ricardo, Tomás y Raúl Arias, Santiago de la Guardia, Federico Boyd y J. Agustín Arango dirigen el país desde los mandos financieros y políticos. Después de la invasión militar norteamericana de 1989, el nepotismo se agudizó. Los profesores Filiberto Morales y Edilcia Agudo en su folleto Nepotismo y oligarquía, publicado en 1990, describen el asalto de las familias tradicionales a los aparatos gubernamentales de aquella fecha.

La oligarquía se blindó en tres sectores claves: Por un lado, el Ejecutivo del gobierno, por el otro, el sector financiero y, por último, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La legislación impulsada por el presidente Pérez Balladares le entregó el monopolio de la confección y ejecución del presupuesto nacional al recién creado Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A su vez, la legislación le entregó carta blanca al sector financiero para emprender actividades económicas con los recursos de la nación. Un nuevo capítulo de la Constitución Política (reformada en 1994) ‘blindó’ a la ACP para ‘administrar’ la fuente de ingresos más importante del país.

Entre 1989 y 2009 – 20 años – este grupo perfeccionó su dominio sobre la sociedad panameña. Los cuatro gobiernos que se sucedieron lograron hacer los ajustes políticos, económicos e, incluso, ideológicos que consolidaron el poder del pequeño grupo de familias. La hegemonía oligarca fue retada a fines de la década de 1990 por una fracción comercial encabezada políticamente por Ricardo Martinelli. Pérez Balladares le entregó lo que siempre se ha considerado un botín, la Caja de Seguro Social (CSS). Después la presidente Mireya Moscoso lo tranquilizó con el Ministerio de Asuntos del Canal. La sed del sector comercial impulsó a Martinelli a aspirar por mucho más, hasta llegar a la Presidencia de la República en 2009.

Instalado en el Palacio de las Garzas, Martinelli se propuso desbancar a la oligarquía. No aprovechó, como era tradicional, la oportunidad para consolidar su nicho  en la estructura de poder existente. Pensó que podía desplazar a las familias oligarcas. La declaración de guerra fue reciprocada inmediatamente por las viejas familias y sus extensas ramificaciones. El reto a las familias que Hernán Porras llamó ‘blancos capitalinos’ fue respondido con fuerza y contundencia. La figura de Martinelli y sus asociados es fustigada por los medios de comunicación y la red económica que pretendió levantar es desbaratada en los corredores de las fiscalías.

Las familias tradicionales abren sus puertas a nuevos miembros pero no pierde el control sobre la economía. Tampoco pierde lo que considera sus relaciones de clase ‘especiales’ con la potencia de turno: EEUU. El nepotismo se expresa a través de los vínculos familiares de quienes controlan el poder económico y los resortes políticos así como culturales. Acabar con el nepotismo implica consolidar un proyecto de nación que incluya a todos los panameños.

4 de junio de 2015.