Al mismo tiempo que hizo del conocimiento público que las bolsas ‘jugarían al casino’ con los ahorros de los trabajadores panameños, también señaló que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se había quedado sin fondos. En palabras del gobierno, en 2016 “el subsistema de beneficios entrará en déficit operativo”. Además, “en 2024 se agotarán las reservas para pagarle a los jubilados sus pensiones”. De un solo plumazo, la Ley 51 descabezó el programa IVM y dejó a miles de futuros pensionados en la calle.
El ministro de
Economía y otros altos funcionarios públicos, en medio del debate en torno al
impuesto sobre la gasolina, lamentaban que los trabajadores no tendrán en 2024
una pensión porque el programa IVM no tendrá fondos para pagarles. Sin embargo,
no decían cuál era la causa de este desastre. La razón es muy sencilla: La Ley
51 de 2005 traspasó las cuotas que iban al programa IVM de la CSS (para pagar
las pensiones) a empresas privadas.
Cada trabajador
afiliado a la CSS ahora tiene una cuenta individual que maneja una empresa
privada. El sistema tiene antecedentes en el programa neo-liberal introducido
en Chile en 1980 bajo la dictadura militar de Pinochet. En ese país se
introdujo una clausula que obligaba al gobierno a cubrir las pensiones de los
asegurados que no podían cubrir sus cuotas. Las exportaciones de cobre cubren
la diferencia.
En Panamá los
asegurados han quedado indefensos y en 2024 el sistema ya no cubrirá a los
trabajadores cuando les toque pensionarse. Los gobernantes no quieren tocar el
tema porque los empresarios que especulan con los fondos de los asegurados se
están haciendo cada vez más ricos.
Hace exactamente 10
años, en febrero de 2005, decíamos que “los problemas que enfrenta la seguridad
social panameña se pueden resumir en dos puntos: Primero, descuido
administrativo y 2. Falta de planificación.
El descuido
administrativo incluye corrupción en todos los sectores, especialmente en la
prestación de servicios médicos. Pero también incluye las operaciones
financieras que benefician a unos sectores interesados en desmedro de los
asegurados”.
Panamá tiene que
derogar la Ley 51 y regresar al sistema de seguridad social solidario. Al mismo
tiempo, tiene que erradicar la corrupción que corroe a la institución. En el
período 2009-2014, se calcula que se perdieron más de 1.5 mil millones de
dólares en actividades que podrían asociarse con prácticas de corrupción.
El
antiguo director de la CSS fue denunciado por transferir 500 millones de
dólares del Programa IVM para invertirlos en la construcción de una llamada
“Ciudad Hospitalaria”. La “obra” está actualmente abandonada pero los
especuladores e inversionistas ya se llevaron los fondos que los asegurados
ahora tienen que poner en su cuenta de pérdidas.
Según Juan Jované,
urge “un cambio hacia una forma de crecimiento de la generación de empleos, el
aumento de la productividad y la presencia de salarios cónsonos con una vida
digna para el trabajador”.
El doctor Mario Aixel
Rodríguez señaló que “las autoridades de la CSS reconocen que el último estado
financiero auditado fue en 2008. Durante la última administración, los estados
financieros no fueron auditados”. Esto fue reconocido por la ex contralora
durante su comparecencia en la Asamblea de Diputados a fines de 2014. Incluso,
reconoció que el sistema impuesto por la ley 51 de 2005 “era un total fracaso”.
El
problema de la CSS no es la falta de recursos. Más bien es la corrupción. En los últimos cinco años – todo indica que
aún no ha cambiado - se ‘privatizaron’ muchos servicios y se crearon
jubilados ‘especiales’. Entre los programas en manos privadas de ‘terceros’ se
destacan el ‘médico de cabecera’, la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis
Peritoneal, el Programa de salud renal, el alquiler de máquinas de anestesia,
externalización de las mamografías, servicio de aseo de las salas de
hospitalización, contratación de camas en hospitales privados para pacientes
VIP, entre otros.
19 de febrero de 2015.
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