Los medios de comunicación siguen censurados en Panamá. Ya
llevan dos meses detenidos 10 estudiantes del Instituto Nacional acusados de
haber lanzado una bomba molotov causándole serias heridas a un profesor y a una
estudiante del plantel de los ‘aguiluchos’. Tres estudiantes están en la
Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ) y siete en el Centro de Cumplimiento
de Menores de Tocumen. Fueron sacados violentamente de sus hogares por
policías, sin mediar prueba alguna, tras los lamentables hechos que se dieron
fuera del plantel educativo.
No se informa sobre las investigaciones que las autoridades
están realizando. Hay quienes señalan que no hay información porque no se están
realizando las averiguaciones de rigor. Los estudiantes ya fueron,
aparentemente, sin juicio ni defensa, condenados por las más altas autoridades
políticas y los medios de comunicación a su servicio. En el mejor estilo
norteamericano, el gobierno declaró como ‘enemigo’ de la seguridad nacional a
los estudiantes panameños.
En un comunicado avalado por los familiares, se plantea que
“todos los panameños exigen una investigación seria para averiguar quiénes
realmente estaban detrás de la acción violenta”. El movimiento estudiantil
organizado también está a la espera que se inicien las investigaciones en torno
al incidente. Lo acontecido “casi cobra la vida del profesor Arturo Adames, aguilucho
de toda la vida, dirigente gremial de la Asociación de Profesores (ASOPROF) y
luchador social”.
El comunicado agrega que “arrestar a estudiantes por el
delito (no comprobado) de encapucharse y acusarlos de terroristas es una
violación flagrante de los derechos humanos y, en la mayoría de estos casos, de
los derechos del menor. Algunos de los arrestados participaron, el día anterior
a los hechos, en una conferencia de prensa realizada por el Frente Estudiantil
Revolucionario (FER-29) denunciando el video de los “encapuchados”. El video
fue circulado ampliamente por los medios de comunicación. Algunos estudiantes
fueron arrestados por el solo hecho de albergar en sus computadoras o teléfonos
móviles dicho video. Han transcurrido dos meses y los estudiantes, sin existir
prueba alguna, ni haber sido investigados, ni sancionados por comisión de
disciplina del colegio, siguen detenidos. “Sus padres viven una situación
angustiosa. Solo pueden ver a sus hijos una vez cada quince días, esposados de
manos y pies”.
Los medios de comunicación los condenaron y los presentaron
como “terroristas”. En una campaña de manipulación, despertaron la ira y las
bajas pasiones de una parte de la población. En el caso de los mayores de edad
puede significar una pena de 30 años de prisión y, en el de los menores, 12
años.
Hay quienes señalan que los jóvenes están en prisión por
decisión del presidente de la República. En un intercambio por las redes
sociales la señora del primer mandatario dijo que tenía acceso a los expedientes
fiscales y que los jóvenes están encarcelados porque “amenazaron de muerte al padre de mis hijos”.
La primera dama tiene sus opiniones y deben respetarse. Pero no hay motivo para
que las autoridades no realicen las investigaciones sobre el caso. ¿Son los
estudiantes detenidos los autores del video mencionado? ¿Puede calificarse la
producción de videos, escritos periodísticos o programas radiales como
terroristas?
El comunicado agrega que “pareciera que con esta campaña
contra los estudiantes, se pretende ocultar la incompetencia de las autoridades
en atender los graves problemas que padece la educación, el estado deplorable
en que se encuentran las escuelas públicas y la política sistemática de
prohibir el derecho de los estudiantes a organizarse”.
La política contra los institutores no es un hecho
aislado. Se inscribe dentro de una política general de criminalización de
la protesta social. Hay 10 institutores detenidos y otros 8 estudiantes
universitarios con medidas cautelares por cerrar una calle. Todos fueron
arrestados sin prueba alguna solo para cumplir con las amenazas previas del
gobierno. Igual ocurrió en Colón cuando unidades armadas
aeronavales se introdujeron en el Centro Regional Universitario en medio de las
protestas estudiantiles.
El comunicado señala que el “daño está hecho y habrá que
ayudar a los jóvenes encarcelados a superar el trauma causado por la
intolerancia de los que nos gobiernan. También se requiere solidaridad
para el profesor Adames y la estudiante, víctimas de serias quemaduras”.
No hay que convertir a los estudiantes que protestan en los
responsables de los males causados por los políticos corruptos. El comunicado
cierra con palabras contundentes: “El futuro es incierto, porque el que siembra
vientos, cosecha tempestades”.
3 de septiembre de 2015.
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