Los panameños nos reunimos el pasado 3 de noviembre para
celebrar y, a la vez, reflexionar sobre el significado de nuestra declaración
de independencia hace 112 años. En el transcurso de esos años se consolidó la
República y surgió un proyecto de Nación que encabezó una vanguardia
estudiantil en la lucha por la soberanía.
Pocos días antes de la fecha que marcaba el aniversario, las
autoridades gubernamentales decidieron poner fin al encarcelamiento de los
últimos tres estudiantes del Instituto Nacional y darles una medida cautelar de
‘casa por cárcel’. Ya habían entregado a sus familiares a los otros 7
estudiantes institutores privados de libertad. Todos acusados de ‘terrorismo’
por protestar contra la negligencia administrativa que tiene postrado el
histórico plantel que se cubrió de gloria durante la insurrección popular
iniciada el 9 de enero de 1964.
La protesta social es una
manifestación producto de un malestar que comparte un grupo social que reclama
sus derechos humanos. La protesta va dirigida contra alguna instancia
representativa de la autoridad. Esta puede reaccionar desatando la represión
violenta o puede neutralizar la protesta social mediante distintas tácticas.
Entre estas últimas, está el llamado al diálogo (por parte de la autoridad).
La protesta social tiene un origen de clase. La protesta
generada por un sector social que pone en peligro el orden establecido es
objeto de represión. Si la protesta es de una clase que no constituye un
peligro, se espera que se diluya con la aplicación de tácticas moderadas.
Las protestas sociales que ponen en peligro el orden
político siempre han sido criminalizadas. En la sociedad moderna, cuando la
protesta social es en el marco de un paro de labores se desata la violencia
clasista. Cuando la movilización reivindica un derecho social (agua, vivienda,
educación) se criminaliza.
En Panamá las movilizaciones estudiantiles son parte de las
protestas sociales desde mediados del siglo XX. Las protestas por la calidad de
los planteles, de los programas o la escasez de educadores se complementaba con
la cuestión social (condiciones de vida) y la soberanía nacional. Entre 1940 y
1960 la educación comenzó a masificarse y las autoridades no entendieron el
fenómeno y fueron incapaces de concebir una política para manejar la nueva
situación.
La vanguardia de los estudiantes es reprimida y
criminalizada. Las autoridades militares después del golpe de 1968 intentan
cooptar a los líderes estudiantiles en vez de reprimirlos. A partir de 1990,
después de la invasión, las autoridades nunca pretendieron incorporar a los
estudiantes en sus programas de gobierno. Los partidos políticos de la época -
que siguen vigentes – se olvidaron de las lecciones de Eusebio A. Morales quien
decía que la educación es clave para formar los dirigentes nacionales.
En vez de enfrentar las reivindicaciones de los estudiantes,
los gobernantes optaron por abandonar la educación como herramienta estratégica
en sus planes. Los planteles y los educadores son cada vez más ignorados en los
presupuestos nacionales aprobados. Como política laboral se privilegia al
trabajador precario sobre el trabajador especialista. La educación juega un
papel cada vez menos estratégico en la formación de los trabajadores, técnicos
y profesionales.
Las protestas sociales en
los colegios de Panamá se han vuelto esporádicas en la actualidad. La excepción
fue, y sigue siendo, el Instituto Nacional. Las protestas estudiantiles son
constantes por el abandono por parte de los gobiernos de turno de la educación,
por la creciente pobreza en todos los estratos del país y la entrega del
patrimonio nacional (incluyendo el Canal de Panamá) a una pequeña oligarquía e
intereses extranjeros.
El Instituto Nacional está intervenido por el gobierno y sus
agencias represivas. Toda forma de organización o reunión son prohibidas y
quienes son sospechosos de cometer estos actos son expulsados.
La escalada represiva llegó a su punto más alto en 2015
cuando, después de una protesta social, 10 estudiantes sospechosos,
identificados por desconocidos, fueron secuestrados por agentes de la autoridad
quienes allanaron sus hogares y llevados a centros de detención. Fueron
acusados de terrorismo. Esta es una figura jurídica novedosa y peligrosa en
Panamá. Fue introducida al ordenamiento legal por insistencia de EEUU.
En Panamá la protesta social – en todas sus manifestaciones
clasistas - ha sido criminalizada y ahora es homologada con la nueva categoría
de terrorismo. Los gobernantes le han declarado la guerra a nuestro proyecto de
Nación, siempre defendido por los estudiantes, especialmente por los
institutores.
Todos solidarizamos con los estudiantes institutores.
5
de noviembre de 2015.
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